Una ley gallega regulará la comunicación digital entre docentes y alumnos o la grabación de clases

El Gobierno gallego ha dado luz verde este lunes, en su reunión semanal, a iniciar la tramitación de la futura ley autonómica de educación digital, que el presidente gallego, Alfonso Rueda, confía en poder aprobar antes de que finalice este año o, a más tardar, en el primer trimestre de 2026. El objetivo es que entre en vigor en el próximo ejercicio.

• Te puede interesar: La Xunta pone fecha para las oposiciones de Educación en Galicia

Según ha explicado Rueda, que incorporó esta ley en el programa electoral con el concurrió a los comicios de febrero de 2024, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, el Ejecutivo autonómico quiere continuar avanzando en la "regulación" de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo.

Másnoticias

Renfe anuncia un plan alternativo entre Vigo y Ourense tras el descarrilamiento de un tren

18/11/2025

Los presupuestos de Galicia siguen su tramitación tras rechazar el PP enmiendas de BNG y PSdeG

17/11/2025

De este modo, el desarrollo de la futura norma empezará con una primera fase de consulta pública. Ante los avances en el ámbito digital, su espíritu es "regular los derechos y deberes de toda la comunidad educativa --alumnos, docentes y familias-- ante una nueva realidad "que ya está aquí y que va a evolucionar muchísimo".

Así, el Gobierno gallego quiere "regular" cómo tiene que ser la comunicación digital entre alumnos y docentes "fuera del horario lectivo", el uso de herramientas de IA en la actividad educativa, o prevenir "conductas contrarias a la convivencia". Por ejemplo, se abordarán los correos electrónicos entre docentes y alumnos fuera del horario lectivo o las cuestiones relativas a la "grabación" de las clases y qué se hace con dichos recursos.

La previsión de Rueda es que la norma quede aprobada antes de que finalice este año o en el primer trimestre de 2026 ejercicio en el que entrará en vigor. Dependerá, ha recalcado, de las "aportaciones y resultados" de las consultas efectuadas con la ciudadanía y los distintos colectivos.

Comunicación digital fuera de horario lectivo 

Más en detalle, el texto en el que se va a comenzar a trabajar y que, ha defendido la Xunta, es "inédito" tanto a nivel estatal como europeo, regulará los derechos y los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa --administraciones públicas, centros educativos, docentes, alumnos y familias-- ante la nueva realidad derivada de la transformación digital en la enseñanza.

De hecho, para desarrollar este nuevo marco normativo, se va a iniciar el procedimiento de consulta pública previa en el Portal de Transparencia de la Xunta y, paralelamente, se abrirá un proceso de diálogo con todos los colectivos implicados que abarcan los centros educativos, el profesorado, las familias a través de las asociaciones de padres y madres, y expertos en tecnología, entre otros.

El texto recogerá cuestiones como la regulación de la comunicación digital entre docentes y alumnado fuera del horario lectivo, el aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial, las conductas contrarias a la convivencia en el campo digital o la grabación de clases.

Así, se hará especial hincapié en aspectos como el bienestar digital, la privacidad y la protección de datos, el derecho a la identidad digital y a la intimidad y la accesibilidad universal.

La Consellería de Educación quiere liderar un debate basado en evidencias científicas y en investigaciones con el fin de elaborar un texto "riguroso" para blindar el sistema educativo gallego del segundo cuarto del siglo XXI como "un sistema de calidad, de igualdad y de equidad aprovechando las oportunidades de mejora que brindan las nuevas realidades como es la inteligencia artificial, entre otras".

Precisamente, Educación va a desarrollar el proyecto EdugalIA, centrado en la mejora de la gobernanza y en el procesamiento de datos a través de la inteligencia artificial, para, entre otras finalidades, incidir en la prevención del abandono escolar.

Este proyecto --que ha logrado 9,9 millones en el proceso estatal de Compra Pública Innovadora y del que Rueda también proporcionó más detalles este lunes- permitirá la creación del expediente digital único del alumnado y establecerá un nuevo modelo en el acceso de estudiantes y familias a la información de interés, con un punto único de contacto y herramientas informáticas específicas.

Herramientas digitales

La Xunta resalta que el trabajo de la Consellería para la elaboración de esta nueva Ley de educación digital parte de la experiencia vivida durante la pandemia, cuando "se demostró la capacidad tecnológica del sistema educativo como un elemento clave para garantizar el acceso a la educación en igualdad".

No obstante, también fue un momento fundamental para identificar las necesidades de regular cuestiones sobre el uso de herramientas digitales en el entorno educativo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Así pues, el nuevo texto legislativo abarcará todo el ecosistema STEM en un sentido amplio, lo que va más allá del uso de pantallas y de los dispositivos electrónicos, ya que abordará los principios y las habilidades de la ciencia y de la matemática en la resolución de retos que supongan el despliegue del pensamiento computacional.

Apoyo a las Anpas

En otro orden de asuntos, el Consello ha informado de una nueva convocatoria de ayudas para que las Asociacións de Nais e Pais (Anpas) de los centros educativos pongan en marcha a lo largo de este año programas que fomenten la igualdad y la prevención de la violencia machista, así como actividades que faciliten la "conciliación y la corresponsabilidad" en las familias.

El Ejecutivo autonómico destina un millón a esta convocatoria de ayudas que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La previsión es que más de 40.000 escolares participen en los programas que se desarrollen a lo largo de este año con estas aportaciones. La cuantía mínima de la subvención es de 3.000 euros y puede llegar hasta los 20.000 para iniciativas de conciliación y corresponsabilidad de federaciones o confederaciones de asociaciones de madres y padres.