La dramática situación de algunas residencias de mayores en Galicia se trasladará, previsiblemente, a sede judicial. En los últimos días han surgido diversas plataformas para la revisión de posibles responsabilidades penales y civiles en casos de lesiones o fallecimientos en residencias geriátricas con motivo de la pandemia del coronavirus. En este punto, algunos despachos de abogados ya comienzan a ofrecer servicio gratuito de asesoramiento a los usuarios.
El bufete vigués Pena Fraga ha anunciado este martes que habilita una asistencia jurídica gratuita, así como gestiones ordinarias primarias con organismos públicos o privados, a toda persona que se aloje en una residencia geriátrica de la provincia de Pontevedra mientras dure el estado de alarma decretado por el gobierno de España, así como durante el plazo de 30 días naturales tras cesar el mismo.
El COVID-19 se está “cebando especialmente con el colectivo de nuestros mayores que se alojan en residencias geriátricas", una generación que nació entre las dos guerras mundiales y que vivió otra Guerra Civil. Estos abogados buscan ahora colaborar con los mayores que, durante décadas, demostraron un enorme “espíritu de supervivencia y sacrificio”.
Las residencias privadas de DomusVi de Barreiro (Vigo) y Aldán (Cangas) han registrado numerosos infectados, así como fallecidos. También hay varios fallecidos en la de Moledo (Lavadores). Por su parte, en el sector público, el Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes de Vigo, en O Meixeiro, no registra fallecidos, pero sí infectados. En Vigo 1 se han producido casi una treintena de contagios, entre residentes y trabajadores, especialmente del colectivo de limpiadoras.
