El Gobierno ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato para la búsqueda, localización e inspección del pecio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', con el objetivo de grabar cómo se encuentra en la actualidad para tratar de conocer las causas del naufragio.
Esta licitación de produce más de un año después de la tragedia, ocurrida en la madrugada del 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá), donde perdieron la vida 21 de los 24 marineros a bordo del buque. Precisamente hace más de un mes el Ejecutivo central había publicado ya el anuncio de licitación, pero no fue hasta este lunes cuando esta ha sido publicada definitivamente.
Este contrato se realiza por el procedimiento "acelerado", justificándose en la "urgencia" de bajar al pecio durante la primavera o el verano, "época con climatología favorable en la zona" y así "disponer de mayores oportunidades de éxito".
Además, el Gobierno reconoce que la Audiencia Nacional, donde se sigue un procedimiento judicial del accidente, ha urgido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que acelere "todo lo posible" la tramitación para disponer "cuanto antes" del informe pericial que deben realizar los investigadores de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que han sido designados peritos judiciales.
El plazo de presentación de las ofertas alcanza hasta el próximo 28 de marzo a las 15:00 horas y el valor estimado del contrato asciende a tres millones de euros, impuestos a parte, con un plazo de ejecución de 25 días.
En concreto, los pliegos contemplan un plazo de hasta 15 días de operaciones: 7 días para la búsqueda y 8 días para la inspección submarina. A ellos habrá que sumar hasta 16 días de ida y vuelta en función del puerto de salida del barco. Además, se contemplan también 10 días de inoperatividad por mal tiempo. La zona se encuentra a unas 1.600 millas de la Península Ibérica y a una profundidad de unos mil metros.
Para la ejecución del objeto del contrato, según explica el Ministerio, el adjudicatario deberá disponer de un buque tipo OSV (offshore support vessel) de más de 65 metros de eslora y que esté dotado de equipo de búsqueda y equipo de inspección. Como fecha límite de inicio se marca el 1 de octubre.
Todo ello después de que las familias de los fallecidos insistiesen durante meses en la importancia de bajar al pecio para encontrar pruebas de las causas del accidente. Pese a que en un primer momento el Ejecutivo dijo que cabía esperar hasta que los investigadores lo solicitasen, finalmente así fue.
En este sentido, la portavoz de las familias de los 21 fallecidos, María José de Pazo, ha reconocido que se trata de una "buena noticia", ya que los familiares habían pedido bajar al pecio "desde el principio". "Pronto podremos conocer la empresa adjudicataria y se acometerá por fin la operativa de bajada. Ahora toca esperar los trámites que faltan", ha subrayado en un audio enviado a los medios de comunicación, donde ha explicado que el operativo se tendrá que realizar antes de octubre de este año.
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