Acusan al Sergas de destinar "un millón de euros al mes" para "favorecer la sanidad privada" en Galicia

La CIG-Saúde ha acusado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de destinar "un millón de euros al mes" para favorecer la sanidad privada con un incremento de los salarios de los facultativos que, además de prestar sus servicios en la pública, trabajan en la privada.

En un comunicado, el sindicato sostiene que la Xunta, a través de la orden de confección de nóminas del 2024, incrementa el salario del personal facultativo que trabaja en la pública y en la privada, al aumenta su sueldo en un valor equivalente al 80% del complemento específico que hasta ahora solo retribuía la dedicación exclusiva en la sanidad pública.

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Según ha señalado la central sindical, el coste de esta medida será de un millón de euros al mes, un dinero de todos los gallegos y gallegas que "tendría que destinarse a financiar las sanidad pública", pero que con esta decisión se utilizará para "favorecer los intereses" de la privada.

Con estas partidas, conforme apunta la central nacionalistas, se podrían reforzar los cuadros de personal, reducir las listas de espera y mejorar la calidad asistencial en la sanidad pública.

Al tiempo, la CIG critica el hecho de que la modificación del complemento específico solo se le va a aplicar al personal estatutario facultativo del sistema público de salud, tal y como se recoge en esa orden, con lo que, según señala, "se discrimina a otros colectivos profesionales con salarios próximos al salario mínimo, que se verán obligados a renunciar al complemento específico completo en el caso de compatibilizar su trabajo en la pública y en la privada".

El sindicato considera que la dedicación exclusiva es positiva para el sistema sanitario público y que debe ser mantenida y potenciada como una forma de retribuir a los profesionales que opten por ella, por su compromiso de solo trabajar en la sanidad pública.

Por eso, defiende que la dedicación exclusiva en la sanidad pública debe retribuirse de forma adecuada, ya que facilita que el personal médico del sistema sanitario público disponga de más tiempo para su actualización profesional y, sobre todo, permite evitar el potencial conflicto de intereses que se origina cuando un médico/a de la sanidad pública trabaje también en la sanidad privada. "Este conflicto de intereses es especialmente evidente cuando hablamos de puestos de jefatura", finalizan.