"Agresiones continuas" en las residencias de Vigo tras mezclar ancianos con usuarios con trastornos

El comité de personal de Política Social en la provincia de Pontevedra ha denunciado este viernes nuevamente las "continuas agresiones" que sufren las trabajadoras y los usuarios de las residencias de mayores de la Xunta reconvertidos en centros de atención a dependientes, por parte de otros usuarios "de emergencia social": personas con adicciones, expresidiarios, enfermos psiquiátricos, etc.

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Así, se han concentrado ante la delegación de la Xunta en Vigo para advertir de que el gobierno autonómico se ha convertido en "cómplice" de esta situación de "violencia" y ha incurrido en un "maltrato institucional" del personal y de los usuarios mayores.

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La secretaria del comité, Bernardina Porral (CIG), ha señalado que las residencias de mayores están acogiendo a personas consideradas en situación de emergencia social, con patologías psiquiátricas, exconvictos o con multiadicciones, y las residencias "no están preparadas para atenderlos".

La convivencia con personas mayores y personal ha derivado en situaciones de violencia física y verbal, robos y otros problemas, que hacen que tanto los trabajadores como los usuarios mayores vivan "con miedo". "No podemos ir a trabajar con miedo, nosotros queremos proporcionar cuidados, no estar mirando si nos van a agredir", ha zanjado, y ha recordado que se han producido incluso situaciones de agresión sexual a trabajadoras, por lo que ha pedido actuar antes de que se llegue a algo más grave, como ocurrió con la trabajadora del SAF que murió a manos de un usuario en O Porriño.

Según ha explicado, el personal ya ha recurrido a la Valedora do Pobo, a la Inspección de Trabajo y a la propia Xunta, que se ha limitado a explicar que estos centros deben a atender ahora a ese tipo de personas.

Al respecto, Montse Rodríguez de CSIF, ha puntualizado que el personal no cuestiona el derecho de atención de esos usuarios de emergencia social, pero ha remarcado que deben ser atendidos en centros especializados, porque las residencias de mayores no tienen educadores sociales, ni personal de integración. "No se les puede poner a recortar papelitos ni a hacer cosas que hacen los mayores", ha subrayado.

Esta portavoz ha advertido de que esas personas salen del centro, consumen alcohol y drogas y tienen amedrentados a los mayores, que tienen derecho a un retiro tranquilo y a vivir sus últimos años en paz, "y no atemorizados".

Respuesta de la Xunta

Ante estas denuncias, fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade han explicado que "todos los ingresos por emergencia social en las residencias públicas se realizan siguiendo lo estipulado en la normativa".

En ese sentido, han apuntado que la Xunta no puede realizar "ningún tipo de discriminación" a personas en esta situación por ningún motivo y ha insistido en que su ingreso es una decisión "del personal técnico". "En ningún caso patologías médicas como la psiquiátrica pueden suponer un obstáculo para entrar en un centro residencial si el usuario cumple los requisitos", han advertido.

En todo caso, han matizado que "solo el 1,7 %" de los ingresos en residencias de la Xunta por emergencia social son personas menores de 60 años, y han pedido "prudencia" y "no estigmatizar a las personas que sufren diferentes patologías" que, según la normativa, "tienen derecho a estar en centros sociosanitarios y optar a una plaza pública".