Aprobada por unanimidad la convocatoria de huelga de autobuses en toda Galicia el 31 de marzo

Las asambleas de trabajadores y trabajadoras del transporte de viajeros por carretera realizadas en las cuatro provinciales aprobaron por unanimidad ir a la huelga este 31 de marzo en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva. Los cuatro convenios provinciales están paralizados y aunque la mesa de A Coruña, Ourense y Pontevedra mantiene las reuniones, los trabajadores denuncian que “no se producen avances, mientras que la de Lugo ni siquiera se reúne”.

El día de la huelga, además de los habituales piquetes informativos, se harán concentraciones en las estaciones de autobuses de las siete ciudades gallegas a las 11:00 horas, excepto en Pontevedra, donde será a las 18:00 horas. Esta huelga será la continuación de las manifestaciones previas realizadas por el personal del sector en A Coruña y en Santiago de Compostela y, de no producirse avances, las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT ya advierten que a la vuelta de Semana Santa las movilizaciones se intensificarán.

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En este sentido, denuncian que a la “parálisis” de los convenios y a la no actualización de las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, hay que sumar los “reiterados incumplimientos de los convenios colectivos por parte de la patronal, que llevaron la que hoy el sector esté altamente precarizado”.

Aunque en este sector la mayoría de la plantilla está formada por trabajadores conductores, en los últimos años el colectivo de acompañantes, mayoritariamente integrado por mujeres, creció de manera considerable. “Estas trabajadoras padecen unas condiciones de precariedad absoluta, teniendo que aguantar contratos de hasta media hora o una hora e incumplimientos salariales continuos”, señalan desde la CIG.

Además, también se denuncia el “estado lamentable” de la flota de autobuses, con “vehículos muy viejos que sufren averías constantes que ponen en riesgo a seguridad en el transporte”. Desde la CIG señalan también a la Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade y a la Consellaría de Educación por permanecer “ciegas y sordas” ante los problemas del sector.

“La Xunta de Galicia, en su momento, sacó unos contratos infradotados económicamente, y a pesar de esto la patronal se presentó incluso con rebajas de hasta el 30% sobre el precio de salida, con la idea de que podrían obtener beneficios a cuenta de explotar a las trabajadoras y trabajadores, precarizar las condiciones laborales y deteriorar la prestación del servicio hasta límites insospechados”, denuncian.