El alcalde de Vigo, Abel Caballero, abogó este jueves por “sosiego y diálogo” para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben implantarse de forma obligatoria en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Preguntado por este diario, el regidor vigués aseguró que, en cualquier caso, la delimitación viguesa que excluya a los vehículos más contaminantes “no va a ser coercitiva”.
“Hicimos una delimitación inicial de Zonas de Bajas Emisiones que tiene una característica: no va a ser coercitiva, no hay mecanismos de sanción”, expresó el alcalde vigués para “tranquilizar a todo el mundo” tras la publicación del Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones e impone su puesta en marcha “antes de 2023”.
En cualquier caso, la implantación de estos espacios se prolongará durante meses y el propio Caballero pidió este jueves tiempo para ponerlas en marcha con “diálogo bien hecho”. El regidor vigués siempre se mostró reacio a esta medida que, recordó de nuevo, “es una imposición de Europa”.
Tal y como publicó ayer Metropolitano, la mayoría de lo municipios no cumplirá el requisito de contar con ZBE antes del inicio del próximo año y, de hecho, el Real Decreto no incluye sanciones para aquellos que lo incumplan. Los alcaldes y alcaldesas se muestran reacios a aprobar unas restricciones que afectarán directamente a la vida de millones de personas meses antes de las elecciones municipales.
El Concello de Vigo aprobó en septiembre su boceto de lo que serán estos espacios donde se limitará a los coches contaminantes. Para poder implantar la medida deberá aprobar una ordenanza cuya tramitación se prolongará durante meses. Según el plan inicial, el Gobierno local quiere centrar las ZBE en áreas que ya son peatonales o semipeatonales y, a partir de ahí, extenderlas. Oficialmente se presentaron cuatro grandes delimitaciones: Zona Centro, Praza de Portugal, O Calvario y Bouzas.
La norma estatal deja la medida en manos de los ayuntamientos decidir a qué vehículos se prohibirá el acceso. El Real Decreto aprobado por el Gobierno fija que los gobiernos locales deberán incluir “prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante” señalando que las “prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante“. Municipios como Zaragoza, que ha implantado de forma transitoria su zona de bajas emisiones hasta la aprobación de la ordenanza, permite acceder a vehículos sin etiqueta -contaminantes- asociados a propietarios, arrendatarios de viviendas, garajes, locales comerciales o de repartidores, entre otros.
Implementar estas restricciones en Vigo tendrán un coste de 5,4 millones, de los que el Gobierno local espera financiar 4,55 con ayudas del Estado. Las zonas y calles prohibidas contarán con controles de acceso con cámaras en los puntos de entradas y salidas “aplicando algoritmos de inteligencia artificial”. Estas cámaras controlarán las matrículas.
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