Ecoloxistas denuncian a la Xunta por negar acceso a un informe desfavorable al proyecto del Celta en Mos

La organización Ecoloxistas en Acción ha denunciado este jueves que la Xunta les ha denegado el acceso a un informe desfavorable emitido por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), en el marco de la declaración del proyecto GS360, promovido por el Real Club Celta en Mos, como Proyecto de Interés Autonómico (PIA).

Según ha informado la propia organización, formuló solicitud para obtener copia de ese informe de la CHMS, de conformidad con la ley de transparencia, que ampara el derecho de acceso a la información pública, y al amparo de la ley de transparencia y buen gobierno. Sin embargo, en febrero de este año, el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, firmó una resolución en la que se inadmitía esa solicitud, a pesar de que la legislación señala que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española", y apunta que, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

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Ecoloxistas en Acción entiende que la resolución de Lete Lasa "resulta absolutamente arbitraria, contraria a derecho de forma evidente" y ha acusado al alto cargo de la Xunta de tener "como única motivación" con su decisión "poner impedimento en el acceso a la información" por parte de esta asociación, dado su "activismo molesto" para los promotores del PIA y las "administraciones cómplices".

Por ello, han confirmado la presentación de una denuncia contra Lete Lasa ante la Fiscalía, al considerar que pretende "esconder a propósito" esa información "para obstaculizar" el objetivo de Ecoloxistas en Acción de defender los montes comunales de Mos, "que se verán gravemente afectados" por el proyecto del Celta.

Además, han recordado que es el propio secretario xeral quien promueve la declaración de Interés Autonómico "para poder expropiar terreno forestal de especial protección". Ecoloxistas en Acción cree que la negativa de acceso a ese informe puede suponer un delito de prevaricación y por eso han pedido a la Fiscalía que abra diligencias e investigue si se ha cometido algún delito o puede derivarse algún otro tipo de responsabilidad.