El 2026 llega con una subida de salario de hasta un 2% para los funcionarios

El salario de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos se revalorizará en un porcentaje fijo del 1,5% este 2026, un incremento salarial que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026, y que podrá elevarse otro 0,5% si la inflación a final de año iguala o supera la subida fijada para ese año. Así lo firmaron el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF -- CCOO se sumó al acuerdo más tarde -- como parte del 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', en el que se recoge una revalorización salarial para los funcionarios del 11% para el periodo 2025-2028.

En 2025 se establece para el sector público una subida salarial consolidable del 2,5% respecto al año anterior. Y para 2026, una subida salarial del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

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El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos. De esta manera, la subida para 2027 será del 4,5% y para 2028 del 2%. Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

La subida de 2026 está garantizada después de que en diciembre el Pleno del Congreso convalidara el decreto ley por el que se revaloriza el salario de los funcionarios públicos para 2025 y 2026 con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

El decreto ley regula exclusivamente aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2025 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público, incluyendo las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo en este año, y para aprobar con efectos de 1 de enero de 2026 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026.

Las normas que regulan el incremento retributivo contenidas en este Real Decreto-ley son aplicables a todas las Administraciones públicas, es decir tanto al sector público estatal, como también al del sector público autonómico y local. Fruto del mismo, en el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde enero de este año.

Las Administraciones públicas, por su parte, establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

Función Pública prevé aprobar las 35 horas en el primer trimestre

Además, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido en enero a empezar a negociar sobre la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que entre en vigor entre los meses de febrero y marzo, según han indicado desde UGT.

Junto a ello, el Gobierno también se ha comprometido a regular el teletrabajo para lo que se ha acordado tratar esta materia en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Ambas cuestiones forman parte de las medidas pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en octubre de 2022.

Función Pública también ha constituido la comisión que velará por el cumplimiento de los puntos reflejados en el último Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía con UGT, CSIF y CCOO. El acuerdo incluye, entre otras cosas, diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.

Asimismo, se ha pactado adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes, e impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.

El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualizarán de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).