La gerencia territorial del Catastro ha desestimado el recurso interpuesto por el Concello de Vigo respecto a su resolución del pasado mes de abril en la que se acordaba no alterar el registro en el que figura la Xunta como titular catastral de los terrenos donde se iba a construir un centro de asociacionismo, en los antiguos juzgados de la calle Lalín en Vigo.
De esta manera, el catastro ha confirmado su anterior resolución y ha desestimado el recurso que presentó el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, que solicitaba que se regularizase la titularidad catastral del inmueble, ya que este figura en el Registro de la Propiedad como de titularidad municipal y así está inscrito en el Inventario Municipal de Bienes.
La parcela objeto de controversia es la que acoge el edificio de los antiguos juzgados, así como la explanada que tiene enfrente y el aparcamiento bajo el inmueble. En su momento, la Xunta anunció la construcción de un centro de asociacionismo con una inversión de 24 millones de euros.
De hecho, en noviembre del año pasado, el Concello le otorgó licencia para ello pero, dos meses después, revocó el permiso, alegando que la parcela estaba registrada a nombre del consistorio en el Registro de la Propiedad.
La Xunta mantiene que ese edificio fue transferido por el Estado en propiedad y sin vinculación de destino, y que tanto la parcela como el edificio fueron dados de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos de Galicia, "sin condicionamiento de ningún tipo". De hecho, el gobierno gallego por ese inmueble ha estado pagando IBI a las arcas municipales (más de 41.000 euros en 2024).
Sin embargo, el gobierno municipal lo reclama y el propio alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello construiría allí dotaciones municipales para atender a los vecinos de Coia, Navia y Bouzas, que contarán con un auditorio y una sala de conciertos (aunque no se conocen detalles del proyecto).
Así las cosas, el Concello dio un paso al frente solicitando al Catastro que modifique el registro, pero el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda acordó no alterar dicho registro y concluyó en abril que se trataba de un conflicto de naturaleza civil que excede su competencias. Además, señalaba que no cabe cuestionar la certeza del dato catastral, porque la titularidad que señala, que corresponde a la Xunta, tiene su origen en un documento posterior al título del Registro de la Propiedad. Tras ser recurrido por el Concello, ahora vuelve a confirmar lo anteriormente dicho.
Ante esta noticia, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha vuelto a criticar la "intención del Concello de apropiarse" del edificio de la calle Lalín para "bloquear" el proyecto del centro de asociacionismo, que supondría una inversión autonómica de cerca de 20 millones de euros.
En un audio enviado a los medios de comunicación, Ortiz ha esperado que "se haga justicia" y que los juzgados también confirmen que la anulación de la licencia municipal fue un acto de "mala fe" por parte de Abel Caballero. "La ciudadanía no puede permitir los caprichos de un gobierno local que impide actuaciones que van en beneficios de todos los vigueses", ha apuntado, criticando que estas acciones también suponen "daños a las arcas públicas" al tener que pagar indemnizaciones a las empresas que iban a empezar las obras.
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