El Concello de Vigo paraliza las obras junto al Lagares "aparentemente relacionadas" con el campo de golf

Congeladas las obras que se estaban llevando a cabo en el cauce del río Lagares por orden del Concello de Vigo. Así lo certifica un informe dependiente de la Xerenecia de Urbanismo, que aprecia que estos trabajos se están llevando a cabo de forma irregular. Unas labores que, según denuncian la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca), están "aparentemente relacionadas con la pretensión de ampliar el campo de golf".

De ser así, se confirma un nuevo varapalo contra esta iniciativa, contra la que la propia asociación mantiene un férreo pulso. No es la primera vez que la Aveeca se enfrenta a la Comunidade de Montes por este asunto, y esta resolución se produce a raíz de una denuncia que el organismo presentó el pasado mes de septiembre: "La tercera que interpone esta entidad en los últimos dos años por obras de notable impacto ambiental en el entorno del nacimiento de río vigués".

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El Concello refleja en su informe que estas obras junto al Lagares se están llevando a cabo "sin licencia de talas de árboles, trabajos silvícolas y movimientos de tierra en un área de 7.652 metros cuadrados". La empresa que está llevando a cabo los trabajos es Rogaem Group, ya relacionada anteriormente con la pretensión de ampliar el campo de golf existente.

Así, Urbanismo ordena suspender de forma inmediata las actividades, así como retirar los materiales y maquinaria que se están empleando. Todo ello, con el apercibimiento de que, si no cumple esta orden, se procederá al precintado de las obras o la ejecución forzosa mediante multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Batalla contra el campo de golf

Las dos denuncias anteriores de Aveeca por trabajos ligados al proyecto de ampliación del campo de golf tenían relación directa con la Comunidade de Montes en Man Común Santa Mariña de Cabral, entidad que la asociación entiende que "previsiblemente también está detrás de las nuevas obras que acaba de parar el Concello".

El primer caso se remonta a octubre de 2023. Aquella denuncia derivó en una exhaustiva investigación del Seprona que desembocó en la interposición de una querella por parte de la Fiscalía de Vigo por delito contra el medio ambiente, en concurso con otro contra la ordenación del territorio, "cometido presuntamente por la Comunidad de Montes, su presidente, Luis Rodríguez, y otra serie de implicados".

El caso provocó asimismo la imposición de una sanción económica por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural, de 98.000 euros, tras "constatar el Seprona que el Lagares, cerca de su cabecera y aguas arriba de la Lagoa de Mol, había sido desviado por una excavadora y que numerosos pies de árboles de ribera habían sido arrancados".

Los agentes habían matizado que la actuación afectaba a una extensión de terreno de unos 250 metros de largo y alteraba la morfología del río, eliminando meandros y cortando la comunicación de las aguas de la zona húmeda con el canal original. Mencionaban también la tala de árboles y limpieza de maleza adyacente, así como trabajos silvícolas en el corredor fluvial y en su bosque galería. El informe del Servicio de Patrimonio Natural de Pontevedra había resuelto finalmente que en el área en cuestión había un ameneiral (formación de alisos) bien conservado, de interés comunitario, resultando afectadas también varias especies catalogadas como vulnerables, en concreto, a salamántiga rabilarga, la rana patilarga y un narciso clásico (narcissus cyclamineus).

La segunda denuncia de Aveeca fue en noviembre del año pasado y se refirió la unas obras en un área de protección natural, también muy cerca del nacimiento del río Lagares. La asociación responsabilizó de nuevo a la CC MM de Cabral. La actuación consistió en la apertura de zanjas para canalizaciones con material plástico no permitido en brañas, con el objetivo de desviar los pequeños riachuelos y nacientes que discurren y surgen por la zona, en un terreno calificado como suelo rústico de protección natural. Además, hubo tala de árboles, sin descartar tampoco daños a especies protegidas.

La última denuncia, que provocó la nueva orden de paralización del Concello vigués, se interpuso a principios del pasado mes de septiembre. En la visita municipal de inspección posterior se constató que parte de la parcela en la que se estaban realizando las obras pertenece ya al concello vecino de Redondela.