El exalcalde pedáneo de Bembrive, actualmente en la cárcel, de nuevo a juicio por corrupción

El exalcalde pedáneo de la entidad local menor de Bembrive, en Vigo, el socialista Roberto Ballesteros, se ha sentado este lunes nuevamente en el banquillo de los acusados en la sección quinta de la Audiencia Provincia de Pontevedra, acusado de varios delitos de corrupción, aunque tanto su defensa como las de los otros tres acusados en este procedimiento han solicitado anular la causa por prescripción de los hechos imputados y por otros motivos.

Ballesteros está actualmente en prisión, cumpliendo condena de dos años y dos meses por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, los mismos delitos por los que es acusado en este nuevo juicio.

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En esta ocasión, la Fiscalía atribuye al exalcalde pedáneo y dos responsables de una empresa constructora (hay otro acusado en el banquillo, a iniciativa de la acusación particular, que ejerce el exvocal del PP en la entidad local, Carlos Comesaña), la elaboración de facturas mendaces en relación a obras y actuaciones que, o bien no se llevaron a cabo por esta empresa, o bien se facturaron con sobrecoste.

Así, según el escrito de acusación pública, Roberto Ballesteros, en su condición de alcalde pedáneo, se concertó entre 2013 y 2015, con los responsables de la empresa acusada, para pagar facturas por obras que, en realidad, había ejecutado otra empresa.

Igualmente, la Fiscalía acusa a los procesados de concertar el pago de obras con sobrecoste. En total, señala que esta actividad ilícita costó a las arcas de la entidad local más de 38.400 euros. Por estos hechos pide para Ballesteros 4 años de cárcel y 8 años de inhabilitación, y para los otros acusados, 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación; en todos los casos, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Cuestiones previas

En la primera jornada, las defensas han presentado, entre otras cuestiones previas, la prescripción de los delitos y el argumento de 'causa juzgada'. Al respecto, han señalado que los delitos que se juzgan han prescrito por haber pasado más de 5 años, y han apuntado que los hechos por los que son acusados ya han sido juzgados y sentenciados.

Por otra parte, han cuestionado la legitimidad de la acusación particular, ejercida por un exvocal del PP en la entidad local menor, Carlos Comesaña, y han recalcado que Comesaña no es un perjudicado directo de los hechos que se juzgan y que, en todo caso, debería ejercerse la acusación popular.

La Fiscalía ha rechazado los argumentos de los abogados defensores, y ha explicado que este nuevo juicio se debe a facturas y acciones diferentes a las ya juzgadas, aunque sea por hechos similares, ya que la entidad local, bajo el mando de Ballesteros, "actuaba de este modo delictivo".

Con respecto a la prescripción, ha aclarado que, en caso de delitos cuyas penas vayan de 5 a 10 años de inhabilitación, el plazo de prescripción es de 10 años y no de cinco.

Además, las defensas también pidieron la nulidad del proceso al asegurar que no se declaró en plazo la complejidad de la causa, aunque la Fiscalía ha subrayado que sí se cumplió la legalidad vigente al respecto.

Finalmente, las acusaciones han justificado la personación de Carlos Comesaña, de quien han explicado que, como vocal de la entidad menor, conoció las irregularidades y alertó, primero a la propia entidad local, que "hizo caso omiso", y luego acudió a la justicia.

Antecedentes

Roberto Ballesteros ya fue condenado en 2017 a 7 años de inhabilitación por retirar de forma ilegal las atribuciones de los vocales del PP en la Junta Vecinal. En abril de 2021 fue condenado a dos años y 2 meses de cárcel y 7 años de inhabilitación por falsedad, malversación y prevaricación, por el pago de obras que no se ejecutaron.

En 2022, en una tercera causa, el exalcalde pedáneo aceptó en una vista de conformidad otros 9 años de inhabilitación por la adjudicación 'a dedo' de varias obras, por valor de casi 800.000 euros.

Se da la circunstancia de que el alcalde pedáneo que sustituyó a Ballesteros, el también socialista Marcos Castro, fue también condenado a 12 años de inhabilitación por prevaricar en el suministro de sifra para la Fiesta de la Sidra de los años 2019 y 2020.