El gobierno de Vigo ve tras las críticas de PP y BNG por el caso Saltamontes su "desesperación"

El gobierno municipal de Vigo ha salido al paso de las críticas realizadas estos días por PP y BNG, en relación con la imputación de la concejal de Seguridad en el caso Saltamontes, y ha trasladado que detrás de esas críticas está la "desesperación" de 'populares' y nacionalistas porque "la ciudad les desprecia".

En declaraciones remitidas a los medios, el concejal socialista Carlos López Font, ha incidido en que el gobierno local "confía en la Justicia", y ha acusado al PP de no querer que la Justicia haga su trabajo. "En realidad, lo que se oculta detrás de todo esto es la desesperación del PP de Vigo y del BNG porque esta ciudad no los quiere, son los peores candidatos que hubo nunca en esta ciudad", ha proclamado el edil.

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Además, ha añadido que el PP vigués "está al servicio de Rueda", en lugar de defender a la ciudad. "No les quieren ni siquiera sus votantes y así lo reflejan las últimas encuestas. Los candidatos son tan malos que la ciudad los desprecia. De ahí que no quieran hablar de política, sino de calumnias", ha sentenciado López Font.

Las manifestaciones del portavoz del gobierno local se han difundido tras unas declaraciones de la líder del PP vigués, Luisa Sánchez, pidiendo la dimisión de la edila de Seguridad, Patricia Rodríguez, y afeando su "frialdad" por apuntar a la Policía Local como responsable por no haber precintado la atracción en la que se produjo el accidente mortal (en agosto de 2024).

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Comunicado de la concejala imputada

Las críticas de Luisa Sánchez se produjeron tras la publicación, en algunos medios, del vídeo de la declaración prestada por la edila socialista el pasado mes de febrero, como investigada, en el juzgado de instrucción. Precisamente, a raíz de esa publicación, Patricia Rodríguez Calviño ha emitido un comunicado en el que recuerda que esa declaración se prestó en el marco de unas actuaciones judiciales "que se encuentran en fase reservada" y que, aunque "no hay nada que ocultar", sí existen unas normas que deben cumplirse para "garantizar los derechos" de los implicados.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad para evitar la "reproducción o amplificación" de ese tipo de contenidos, especialmente cuando pueden "causar un perjuicio irreparable" o "condicionar indebidamente" la percepción pública del procedimiento, y ha reiterado su confianza en la Justicia y su colaboración.