La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este miércoles al actual alcalde pedáneo de Bembrive (Vigo), Marcos Castro González, como acusado de un delito continuado de prevaricación, por contratar y pagar el suministro de sidra para la fiesta anual de esta entidad local sin seguir los procedimientos legales, y por ordenar el pago de 250.000 euros fraccionados en diferentes facturas.
Según el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando el alcalde pedáneo, "actuando con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad, en ejecución de un plan preconcebido", adjudicó de forma directa contratos de suministro de sidra a una empresa, para la celebración de la Fiesta de la Sidra que, cada año en octubre, tiene lugar en esta parroquia de la ciudad olívica.
El total del gasto ascendió a 250.000 euros (120.000 euros en 2019 y 130.000 euros en 2020), que el acusado fraccionó hasta en 17 facturas, con importes que oscilaron entre 7.297 y 17.908 euros, aunque la mayoría de ellas superaban los 15.000 euros.
La interventora de la entidad local presentó reparos a esas facturas "por tratarse de una adjudicación verbal sin base en contrato administrativo que sustente dicha contratación, no someterlo a su fiscalización previa y por prescindir totalmente del procedimiento previsto para la contratación de suministros que excedan de 15.000 euros".
Sin embargo, el acusado levantaba sistemáticamente el reparo suspensivo y ordenaba los pagos, "a sabiendas del carácter ilícito". Por estos hechos, el ministerio público lo acusa de un delito continuado de prevaricación y pide que sea inhabilitado durante 13 años.
El juicio contra el alcalde pedáneo, que tomó posesión de su cargo en julio de 2019, estaba señalado inicialmente para inicios de junio en el Juzgado de lo Penal 3 de la ciudad de Vigo, pero quedó suspendido.
Precisamente, su predecesor en la alcaldía pedánea, Roberto Ballesteros, también fue condenado en tres ocasiones por prevaricación y otros delitos.
Así, fue condenado a siete años de inhabilitación por retirarles las retribuciones a los vocales del PP en la Junta Vecinal. Posteriormente, fue condenado por pagar una obra que no se llegó a ejecutar, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación; en ese caso la sentencia fue de dos años y dos meses de prisión, y siete años de inhabilitación (y también fue condenado un constructor como cooperador necesario).
En marzo de este año, en una tercera causa, Roberto Ballesteros aceptó 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por la adjudicación de varias obras 'a dedo' por valor de casi 800.000 euros, entre 2013 y 2016. Ballesteros fue alcalde pedáneo de Bembrive por el PSOE desde 2011 a 2018, cuando dimitió.
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