El presidente de la Diputación de Ourense, investigado por posible delito contra la seguridad vial

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Grupo de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil han notificado al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, la apertura de diligencias de investigación por posible delito contra la seguridad vial por conducir  a 215 kilómetros por hora en la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección a Madrid el pasado domingo.

Según han informado fuentes de la Diputación de Ourense consultadas por Europa Press, los agentes del GIAT del subsector de Ourense le notificaron a Baltar la apertura de estas diligencias en el municipio de Leiro, donde el también presidente de los populares ourensanos se encontraba de visita institucional.

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Asimismo, preguntadas por el hecho de que el dirigente popular condujese un vehículo oficial cuando fue interceptado el domingo, estas fuentes detallan que la agenda del presidente no incluía ningún acto por encontrarse en “período de sombra” debido a la proximidad de las elecciones municipales.

En este sentido, precisan que se trataban de encuentros de gestión ordinaria, habituales en el día a día del presidente. Entre otros, explican que en la mañana del lunes José Manuel Baltar estuvo en una reunión de la Fundación Democracia y Gobierno Local, de la que la Diputación es patrono, para abordar temas de gestión.

Posteriormente, en un comunicado emitido a los medios en la tarde de este miércoles, la institución provincial reconoce que los hechos ocurrieron el pasado domingo, 23 de abril, cuando al presidente se le notificó la incoación de una sanción administrativa, “que fue cumplida en razón de las indicaciones recibidas”.

Además, el mismo comunicado recalca que Baltar, “por recomendación expresa de su abogado, no realizará declaraciones sobre este asunto a la espera de que concluya las actuaciones correspondientes”.

La Diputación de Ourense también señala que el presidente es “el primero en lamentar” tanto “las consecuencias públicas que se puedan derivar de estas comunicaciones recibidas como la propia situación generada”.