El Supremo ve delito en Pardo de Vera, Medalla de Oro de Vigo, por la contratación de la ex de Ábalos

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha apreciado indicios de delito en la actuación de la ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez, la ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional (AN) para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede imputarla.

En un auto, recogido por Europa Press, Puente envía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, todo lo investigado hasta ahora en relación con la contratación de Rodríguez en dichas empresas para que valore si, como entiende él, hay indicios de delito en la actuación de Pardo de Vera, y, en su caso, la tome declaración como investigada.

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Cabe recordar que en su día el Supremo asumió el 'caso Koldo' solo en lo relativo a Ábalos, por su condición de aforado como diputado, y a lo estrictamente relacionado con el que fuera secretario de Organización del PSOE, dejando en la Audiencia Nacional --donde comenzaron las pesquisas-- el resto del caso. Por este motivo, Puente ha derivado a Moreno el bloque referido a la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec.

Para Puente, existen indicios bastantes para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por el señor Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa (Koldo) García, sin que, además, aquélla, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".

El magistrado del Supremo también ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en los documentos aportadas por De Aldama. En concreto, pide a la UCO que identifique a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalice todo el procedimiento de adjudicación.

Puente da este paso después de que la pericial caligráfica encargada por el propio instructor concluyera que las anotaciones manuscritas en dos documentos referidos a la supuesta preadjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a la trama eran del ex asesor de Ábalos en Transportes, Koldo García.

Sin irregularidades en la compra de mascarillas

Además, ha citado como testigos para el 6 de mayo a otra ex pareja de Ábalos que fue contratada en otra empresa pública (Logirail), Claudia Montes; y a César Moreno, uno de los socios del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. No obstante, rechaza llamar a testificar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que había reclamado la defensa de Ábalos.

Respecto a Montes, dice que, a la vista del informe de la UCO, "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana" por la "influencia" de Ábalos y "con la relevante colaboración" de Koldo, "formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado".

En cuanto a Moreno, Puente explica que le cita en la medida en que puede aportar conocimiento sobre "las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" por parte de De Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo.

Sobre Grande-Marlaska, indica que no resultan "pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación" todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, incluida la declaración testifical del ministro de Interior y la también solicitada y rechazada del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

El ex ministro de Transportes había pedido estos interrogatorios porque el informe de la UCO reseñaba que el Ministerio de Interior también adquirió durante la pandemia de coronavirus una importante cantidad de mascarillas a la empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión. Sin embargo, Puente responde que no se ha detectado "irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación orientadas a esclarecer sus circunstancias".