¿En peligro la gran reforma de Rosalía de Castro? El conflicto político pone en riesgo esta obra de Vigo

Una obra clave en el centro de Vigo que está en riesgo por la falta de entendimiento entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra. El nuevo elemento de la discordia es el convenio de la reforma de Rosalía de Castro. El portavoz del gobierno municipal, Carlos López Font, declaró este martes en un audio enviado a los medios de comunicación que la propuesta que remitió la institución provincial "es totalmente distinta" a la que se firma con el resto de concellos de la provincia. "El documento está lleno de amenazas, limitaciones e imposiciones, con un tono hostil impropio de una administración pública", señaló uno de los hombres fuertes de Caballero en el Ejecutivo local.

Carlos López Font, que ha vuelto a acusar de "pufera" a la Diputación de Pontevedra, señala que si el convenio de Rosalía de Castro fuera el de siempre, "lo firmaríamos mañana mismo". El portavoz del gobierno municipal denuncia una "discriminación en la ciudad" con esta propuesta de convenio que al no firmarse desde Praza do Rei deja en el aire la cofinanciación de una reforma que supondría una importante metamorfosis en la céntrica calle de Rosalía de Castro, un proyecto que avanzó unas semanas la propia vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, en una visita a la zona.

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Ante las declaraciones formuladas por Carlos López Font, fuentes de la Diputación han reivindicado que el convenio enviado este lunes al Concello de Vigo es idéntico al ya aprobado por el Concello de Pontevedra. "Las cláusulas son homogéneas para las dos ciudades de la provincia (los municipios pequeños tienen otro convenio tipo)", insisten.

Así, el organismo provincial ha lamentado que, "mientras el Concello de Pontevedra da pasos adelante en beneficio de su ciudad, Abel Caballero se confirme como el "único obstáculo" para que Vigo avance al ritmo que merece".

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La Diputación también ha recordado que tanto la Ley General de Subvenciones como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establecen que los beneficiarios de los fondos están obligados a dar publicidad a la financiación, tal y como señalan los reparos que los técnicos provinciales han realizado en los últimos años hacia el Concello de Vigo, de los que ya advirtió el gobierno provincial.