Exempleados de Alfageme se concentran en Vigo recordando que les deben más de 3 millones

Decenas de extrabajadores de la histórica conservera viguesa Alfageme se han concentrado en la mañana de este martes ante las puertas del Concello de Vigo para reclamar el cobro de los más de 3 millones de euros que les deben 16 años después de que la empresa cerrase definitivamente.

Así lo han señalado ante los medios de comunicación, insistiendo en pedir la ayuda del alcalde, Abel Caballero, para tratar de conseguir el dinero que en su día se les prometió. Pese a que la vía judicial ya concluyó, solicitan que, en caso de venderse los terrenos de la antigua conservara para la construcción de vivienda, cobrar con parte de ese dinero la deuda.

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El proceso judicial para reclamar los impagos de la empresa a los extrabajadores finalizó sin que se les abonara la deuda, pero ahora estos apuestan por el frente urbanístico. Los antiguos empleados o sus hijos -ya que varios han fallecido sin que se cumplieran sus derechos- proponen entre otras soluciones que el Concello exija a los promotores la cesión de en torno al 10% de aprovechamiento de la nueva urbanización que se proyecta en los terrenos que eran propiedad de la compañía en Bouzas.

Sobre los terrenos de Alfageme  se prevé crear una gran ámbito urbanístico de casi 14.400 metros cuadrados con un desarrollo global con zonas residenciales y usos comerciales/terciarios. El plan proyecta tres bloques de edificios con entre 4 y 10 alturas, uno de ellos frente a Beiramar (siete plantas), otro junto a Tomás A. Alonso (10 plantas más bajo cubierta) y el tercer frente a la calle Simancas (4 plantas más bajo cubierta). Estos terrenos están en manos de Abanca, Aliseda e Inversiones Inmobiliarias Canvives -controlada por el fondo buitre Blackstone-.

Sin embargo, su desarrollo está en punto muerto después de que Patrimonio de la Xunta obligara en enero de este año a los promotores a revisar parte del proyecto para otorgar protección estructural a todo el conjunto fabril. El departamento de Patrimonio Cultural consideró “inexplicable” que las naves de almacenes y comedores no tengan la consideración de protección y se proponga su demolición. Por todo ello, tachó a la propuesta de “muy inapropiada".