Exigen a Abel Caballero que asuma su responsabilidad en el conflicto laboral de Vitrasa

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, ha reclamado este jueves explicaciones al Gobierno de Vigo sobre las medidas de presión denunciadas por los representantes de los trabajadores en la concesionaria del transporte público por parte de la dirección de la empresa. En este sentido, ha exigido al alcalde, el socialista Abel Caballero, que requiera a la compañía razones sobre la apertura de expedientes y las sanciones “desproporcionadas”.

El edil popular coincide con el comité de empresa en que es necesaria la intervención de la corporación local para reconducir la negociación del nuevo convenio colectivo colectivo, e insta al munícipe vigués a “poner orden”. “Los vigueses le agradeceríamos que deje de actuar de mero espectador, como si la cosa no fuera con él, y asuma su responsabilidad poniendo fin a este conflicto”, ha subrayado Marnotes.

Másnoticias

Vigo acoge una de las manifestaciones más numerosas de Galicia del 25N: "Juntas somos más fuertes"

25/11/2025

Vigo 'desbloquea' más de 10.000 m2 en Samil para un proyecto comercial y residencial con parque lineal

25/11/2025

“Tras años de concesiones a la compañía es hora de exigirle que cumpla con sus deberes laborales y garantice los derechos de la plantilla”, ha incidido el concejal del PP. “Esta situación era tan previsible como evitable”, ha dicho respecto al desacuerdo que desde hace dos años mantiene enfrentados a la dirección y a la plantilla de la empresa.

En opinión de Marnotes, “Caballero ha quedado en evidencia” al anteponer los intereses de la empresa a los de los trabajadores y usuarios del transporte público, “que están padeciendo las consecuencias de un conflicto que se puede alargar sine die”.

Así, ha hecho hincapié en la necesidad de que se retomen las negociaciones y se atiendan las reivindicaciones de la plantilla con arreglo al convenio. De hecho, y en la misma línea en la que se pronunció la justicia a favor del laudo arbitral que denegó a la empresa el descuelgue salarial, pidió no imputar a los trabajadores unas pérdidas económicas de las que la empresa era conocedora cuando aceptó la prórroga.