Galicia se planteará contratar personal sin titulación en las residencias públicas, con un 2,1% de bajas

La Consellería de Política Social se planteará contratar a personal sin titulación –siempre que tengan experiencia en cuidado de personas dependientes– en las residencias públicas para cubrir bajas del personal derivadas de la afectación por el coronavirus, en el caso de necesitarlo.

Actualmente, según los datos aportados a Europa Press por el departamento autonómico, hay 68 trabajadores de baja laboral como consecuencia de la infección por SARS-Cov-2 de 3.200 personas que componen el personal, lo que significa que está afectada el 2,1 por ciento de los trabajadores.

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Esta medida fue planteada en el Consejo Interterritorial y Galicia se mostró de acuerdo. En la primera semana de enero de 2022, había 8.367 trabajadores de residencias de mayores contagiados con covid-19 en el conjunto del Estado, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), publicados el pasado viernes, un informe que por primera vez incluye estos datos.

En previsión de esta situación y ante la petición de las patronales de Dependencia, el Gobierno de España autorizó el pasado 30 de diciembre de 2021 la contratación de personal sin titulación, a través de una resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales fruto del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En concreto, se modifica el criterio tercero del Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD.

“De forma excepcional”

Así, se establece que, “de forma excepcional y mientras dure la situación de pandemia derivada de la covid-19”, podrán desempeñar funciones en los diferentes servicios del SAAD personas que carezcan de titulación.

Si bien, señala que, preferentemente, deberán tener “experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo”.

Además, para poder aplicar dicha excepcionalidad deberán darse dos condiciones de forma simultánea: Que se acredite por el servicio público de empleo correspondiente la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas requeridas; y que la provincia en la que se ubique el centro se encuentre en una situación de nivel de alerta 3 por coronavirus.

Opiniones del sector

En todo caso, corresponde a las administraciones públicas competentes en Servicios Sociales dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en su caso, sean necesarias para la aplicación de este régimen provisional excepcional.

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, ha explicado a Europa Press que ya han alertado a todos los gobiernos autonómicos y al Gobierno de España de que “la situación que se está viviendo con el personal es realmente muy preocupante”.

Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), explican que enviaron una petición a todas las consejerías para que trasladasen a la normativa autonómica esa autorización. Según el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid, entre un 15% y un 20% del personal de las residencias está de baja por covid-19.

Intervención

Por su parte, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha considerado “inaceptable” que, a pesar de la experiencia durante la pandemia, las personas mayores sigan “mayoritariamente” en manos de multinacionales, en referencia a los brotes registrados en residencias privadas gallegas y para las que la asociación de familiares pidieron intervención de la Xunta.

También para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública es preciso “reintegrarlas en el sistema público” de forma “urgente y “su coordinación” con la Atención Primaria para “garantizar la promoción, prevención y tratamiento de las personas mayores” en esta y futuras epidemias.