La AN propone juzgar por homicidio imprudente al capitán del Pitanxo y a dos directivos de la armadora

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el magistrado envía a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco Juan Enrique Padín por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores.

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Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

En su resolución, el magistrado hace un relato de la travesía del barco y de su hundimiento y señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento del buque. Entre los mismos, cita la sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

Además, el juez apunta que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa. "Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", afirma.

Solo una escalera en cubierta

También indica como otro factor determinante el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos designados para embarcar en las balsas salvavidas y que era inaccesible en el momento en el que se ordenó el abandono, lo que obligó a los tripulantes a utilizar otras vías.

Igualmente, el magistrado apunta a la falta de familiarización de la tripulación con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías. En este sentido, recuerda que el 'Villa de Pitanxo' no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia.

De los 21 fallecidos, según el auto, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

El instructor menciona en su resolución que los trajes de inmersión tampoco habían sido revisados conforme a la normativa, por lo que es probable que los mismos no estuvieran en perfectas condiciones.

El auto también hace referencia a que las condiciones físicas de los tripulantes no eran las mejores, ya que el capitán había informado telefónicamente que al menos ocho de ellos estaban contagiados por COVID-19.

El órgano judicial da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Las conclusiones de la Fiscalía

Esta decisión del magistrado llega días después de que la Fiscalía presentase su informe final acerca del hundimiento. En él, el Ministerio público apuntó hacia la responsabilidad del capitán del buque, Juan Padín, y de los responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín.

En concreto, Fiscalía subrayó que estos tenían "facultades de decisión, ejecución y control" y permitieron que se desempeñase el trabajo "en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque". Todo esto "desembocó en el fatal desenlace", apunta.

Así, Fiscalía insistía en que el 'Villa de Pitanxo' estaba "sobrecargado con tanques de combustible instalados sin autorización legal". Esta sobrecarga habría supuesto, a su juicio, un "incumplimiento" de los criterios de estabilidad reglamentarios.

"La sobrecarga del buque redujo significativamente la probabilidad de supervivencia en caso de inundación con gran influencia en el tiempo que la tolva de desperdicios permanece sumergida con mal tiempo", añadía el escrito de Fiscalía.

Además, insistía en la responsabilidad del capitán al "incumplir" las obligaciones que le eran propias en varias ocasiones, como la de no tomar medidas precautorias ante la posibilidad de una virada en condiciones meteorológicas muy adversas, considerando también que no valoró adecuadamente la situación del Pitanxo en la última fase de la maniobra final del barco, que terminó hundiéndose.

"Dio la orden de abandono del buque demasiado tarde, al no ser consciente de la gravedad de la situación. Cuando se dio, las probabilidades de salvarse eran muy reducidas", añadía Fiscalía.

Por su parte, apuntaba a los armadores por "incumplimiento" de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores al no configurar adecuadamente las vías de evacuación del barco y al no cumplir con la exigencia de existencia de una escalera de estribor tal y como estaba prevista en el plano de salvamento del buque, según el escrito.