La huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes denominados secretarios judiciales, que va camino de su segunda semana, mantiene paralizada la mayor parte de la actividad en Galicia, con miles de actos suspendidos y un seguimiento de más del 70 %.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) en la comunidad gallega, que han indicado que, si en la primera semana quedaron suspendidos unos 3.000 actos (juicios, comparecencias, declaraciones, apoderamientos, etc.), esta semana la repercusión "llegará al doble".

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Los LAJ de Galicia mantienen una participación en este paro, que es de carácter indefinido, de más del 70 %, con cifras incluso muy por encima en algunas provincias. A lo largo de los últimos días han realizado varias concentraciones, entre ellas una el pasado viernes en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. Además, han celebrado encuentros con distintos operadores jurídicos (el presidente del TSXG, el Fiscal Superior de Galicia, magistrados, abogados, procuradores o graduados sociales) para trasladarles su situación.

Todos los agentes implicados han mostrado su preocupación por esta parálisis, que en el caso de Galicia se agrava porque todavía se arrastran, aseguran, las consecuencias de la pandemia de Covid e incluso de la huelga del pasado 2018. Asimismo, una representación de los secretarios judiciales de Galicia mantuvo un encuentro con el dicector xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni, "que se comprometió a exponer el problema en sede parlamentaria", según UPSJ.

Según ha informado esta organización, el seguimiento de la huelga a nivel nacional es del 80% y se han suspendido más de 90.000 señalamientos en todo el país.

A la paralización de las vistas y otros actos, se suma el bloqueo en los trámites de pago de indemnizaciones, pensiones, consignación de multas, etc., ya que son los LAJ quienes gestionan las cuentas de la oficinas judiciales. En el caso de Galicia, en la primera semana de paro, estas cuentas tenían un saldo acumulado de unos 5.000 millones de euros, cuando la media es de unos 500 millones menos.

Con este paro a nivel nacional, los secretarios judiciales reclaman al Ministerio de Justicia que cumpla los compromisos adquiridos con este colectivo en abril pasado y, entre otras mejoras, lleve a cabo la adecuación de sus salarios a las nuevas funciones y responsabilidades que realizan desde 2009.