La Xunta amplía el crédito de las ayudas del programa ‘Impacto Autonómo’ en 5 millones

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha avanzado la ampliación en 5 millones del crédito de ayudas en el programa pionero ‘Impacto Autónomo’, hasta llegar a los 35 millones, con la finalidad compensar la subida de costes derivados de la inflación. El objetivo es “beneficiar al menos a unos 30.000 negocios”.

Rueda ha defendido esta ampliación del crédito ante “el éxito con millares de solicitudes” de la convocatoria del programa, que partió con una dotación de 30 millones de euros, “que se agotaron rápidamente” y ha recalcado que con estas ayudas se busca “contribuir a que el aumento de la inflación repercuta menos en estos autónomos y micropymes”.

Además, ha recordado que estos apoyos oscilan entre los 800 y los 1.500 euros, y ha destacado que las primeras ayudas ya se están abonando.

En concreto, la iniciativa procura minimizar con la mayor celeridad posible el impacto de la subida de los costes en el actual contexto, tanto de las materias primas, de los suministros o energéticos, que están afectando y condicionar la actividad económica que desarrollan las personas trabajadoras autónomas y microempresas.

Contratación de desempleados

Rueda también ha destacado que el Consello da Xunta ha dado luz verde, con una inversión de 1,3 millones de euros, al programa anual de ayudas para personas trabajadoras por cuenta propia. El objetivo de estos apoyos es “incentivar la contratación de 250 personas desempleadas de difícil inserción y contribuir también su formación”.

Así, se incluyen dos tipos de ayudas compatibles entre sí: el bono de contratación y el bono de formación para impulsar la cualificación en el puesto de trabajo de las personas trabajadoras indefinidas empleadas.

Para la primera persona trabajadora indefinida se establece un incentivo mínimo de 8.000 euros, y para la segunda y tercera se fija un apoyo mínimo de 10.000 euros.

Serán colectivos prioritarios para la contratación las personas desempleadas de larga duración, mayores de 55 años, personas con discapacidad, en situación o riesgo de exclusión social y emigrantes retornadas.

Las cuantías base se podrán incrementar en un 25%, acumulables entre sí, si la persona contratada es mujer, en caso de que el centro de trabajo esté situado en el rural, en mayores de 45 años, y cuando la persona contratada sea una mujer en una actividad económica en que la mujer esta subrepresentada, entre otros.

Como novedad en esta edición, se incorpora como colectivo prioritario a los mayores de 55 años o más. También se abre una línea específica para los emigrantes retornados.