La Xunta ejecuta el derribo de un edificio ilegal en la playa de Lapamán

La playa de Lapamán podrá ser disfrutada en Semana Santa sin uno de los elementos que afeaban el entorno de este arenal: la estructura del edificio sin finalizar cuya demolición ya está en marcha en el concello de Marín.

En los últimos años se estaba utilizando la parte baja de la edificación como aparcamiento de vehículos en la temporada alta de verano.

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Hasta esta construcción, que se encuentra situada en el Camiño Real, se ha desplazado este viernes la directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Victoria Núñez, acompañada del concejal de Urbanismo de Marín, Manuel Santos.

El pasado mes de septiembre, el juzgado del Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra había condenado a la APLU a la ejecución subsidiaria de la demolición, dándole un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la firmeza de la sentencia.

Esa sentencia destacaba que "la inactividad de la APLU es en todo punto inexcusable" y advertía que se corría el riesgo de que se llegase a cumplir el plazo de prescripción de los 15 años y hubiese que volver a empezar de cero todo el proceso.

Finalmente, las obras comenzaron hace unos días en el interior del edificio, con el desmantelamiento de instalaciones para separar los residuos y hoy viernes 24 de enero de 2025 empezó el derribo desde el exterior.

La previsión es que en la primera quincena del mes de marzo estén finalizados estos trabajos que cuentan con un presupuesto de cerca de 180.000 euros.

Coste de la demolición

El coste de la demolición se repercutirá al propietario. La Xunta está llevando a cabo a las actuaciones necesarias para ejecutar subsidiariamente la orden de demolición dictada por la APLU, tras no haber ejecutado el propietario el derribo, tal y como se había notificado. De hecho, la administración autonómica impuso varias multas coercitivas al propietario para que ejecutara la demolición, pero no lo hizo.

Desde la Xunta de Galicia han trasladado el "firme compromiso" de la administración autonómica con su obligación de recuperar el territorio especialmente protegido, "como ejemplifica esta obra sin finalizar erigida sobre la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, generando un fuerte impacto sobre el paisaje".