Piden que se impute al jefe municipal de Seguridad y al presidente de la comisión en el Caso Saltamontes

Una de las acusaciones personadas en el llamado caso Saltamontes ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia de Pontevedra para que deje sin efecto el sobreseimiento de las actuaciones con respecto al jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M., y al presidente de la comisión de fiestas de Matamá, Cristian G.M., y que ordene continuar las actuaciones contra estas dos personas por los supuestos delitos de homicidio imprudente y lesiones.

El auto de la sección de Instrucción de Vigo, del pasado 12 de junio, rechazaba los recursos presentados tanto por esta acusación (que representa a la pareja del chico fallecido en el Saltamontes, que estaba con él en el momento del accidente) como por la concejal de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez.

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En esa resolución, el juez ratificaba la imputación de la edila y del dueño de la atracción, Gerardo Manuel M.D.S, y confirmaba el sobreseimiento con respecto al jefe municipal de Seguridad y al presidente de la Comisión de Fiestas porque no mantenían una posición de garantes y no se les puede atribuir la responsabilidad de precintar la instalación.

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Contra ese auto, la pareja del fallecido ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia, argumentando que "hay indicios razonables suficientes" para la imputación de Antonio V.M. y Cristian G.M., por su "intervención, conocimiento del riesgo y capacidad de actuación". "Ambos tenían capacidad real para activar medidas materiales, organizativas, policiales o administrativas que impidieran la continuidad del funcionamiento de la atracción", señala el recurso.

Con respecto al alto funcionario, señala que tenía funciones técnicas, informativas, asesoras y de "advertencia cualificada" y que, de hecho, "se le presumen más conocimientos que a la propia concejala a la que tiene que asesorar".

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En cuanto al presidente de la Comisión de Fiestas, apunta que no solo era el organizador y director del Plan de Autoprotección del evento, sino que sabía que el Saltamontes estaba en funcionamiento pese a carecer de autorización municipal. Según esta parte, podría haber activado el Plan de Autoprotección, haber avisado urgentemente a la Policía Local, comunicar el incumplimiento al Concello o incluso impedir el acceso de usuarios a la atracción.

Además de pedir la imputación de esas dos personas, esta acusación reclama también que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Concello de Vigo y de la asociación organizadora de la fiesta.

En este momento, el procedimiento se sigue por homicidio imprudente y por un delito de lesiones contra la edil de Seguridad de Vigo y el dueño de la atracción, por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2024. Uno de los brazos del Saltamontes se desprendió y un chico que iba en la atracción, Iván C.H., de 36 años, sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

Ambas acusaciones particulares han presentado ya sus escritos de cara a la apertura de juicio (que aún no se ha producido), y solicitan para cada uno de los dos imputados 4 años y medio de cárcel.