Rueda destaca que Sogama “no va a actualizar las tarifas” al IPC pese a eliminar la bonificación del canon

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este jueves en destacar que la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) “no va a actualizar las tarifas” en un contexto de subida del IPC, a pesar de que sí prescindirá de la bonificación del 10 por ciento del canon que cobra a los más de 150 ayuntamientos adheridos por la recogida de basura.

Se trata de una medida contemplada en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2023 y que ya ha contado con la firme protesta de los dos grupos de la oposición –BNG y PSdeG–. Con todo, el presidente gallego, al ser preguntado al respecto tras la reunión semanal de su gobierno, ha afirmado que la supresión de esta bonificación “no va a repercutir en el usuario”.

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“Lo que hizo la Xunta fue no mantener una bonificación en vigor, pero el canon que se cobra va a seguir congelado, no se van a actualizar las tarifas, no se va a tomar como referencia el IPC, a pesar de que los costes de explotación de Sogama subieron en una cantidad importante”, ha recalcado Rueda.

Lo que había antes, ha explicado, era una bonificación “que permitía que los ayuntamientos que quisieran acogerse a ella hicieran una rebaja a los vecinos”. “Esa era la condición. No era una rebaja a los ayuntamientos, era una rebaja a los vecinos a través de los ayuntamientos”, ha reiterado.

Frente a ello, el presidente de la Xunta ha señalado al Gobierno central, porque “sí que pone nuevos impuestos” derivados de la nueva ley de residuos, que grava los desechos que van al vertedero –aunque “en Galicia son pocos”, según ha dicho Rueda– y los que se incineran. Este tributo será asumido por los gobiernos autonómicos, de acuerdo con la ley estatal.

En la misma línea, este jueves el presidente de Sogama, Javier Domínguez, ha intervenido en Onda Cero para asegurar que “no hay subida del canon” como “se quiere malinterpretar” y ha justificado que suprimir la bonificación del 10 por ciento es la alternativa “menos lesiva para los ayuntamientos”, dado que la planta de residuos tiene que hacer frente a una subida de costes de más de 44 millones de euros.