Sanidad aprobará el miércoles el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios

Tras concluir sin acuerdo la reunión entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas sobre la imposición de la mascarilla en determinados ámbitos, el Ministerio de Sanidad ha decidido hacerla obligatoria desde este miércoles, 10 de enero, en espacios sanitarios.

Según avanzan la agencia EFE, el Ministerio dirigido por Mónica García toma la decisión de imponer el uso obligatorio de la mascarilla para hacer frente a virus respiratorios, y especialmente ante el pico de gripe, en los centros sanitarios de toda España. La medida solo se aplicaría en centros sanitarios, pero no en farmacias o centros sociosanitarios, donde se mantendrá la recomendación de usarla.

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Ante la falta de acuerdo en la reunión de este lunes, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las CC AA podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

"Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud", ha insistido García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión. García ha defendido que es una norma "efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población".

El Ministerio esperará así las 48 horas que se ha dado a las Comunidades Autónomas, pero la decisión estaría ya tomada, a pesar de que la mayoría de las autonomías prefieren la recomendación.

La mayoría de las autonomías prefieren la recomendación

Si bien el pasado viernes Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en estos centros, otras CCAA han mostrado su oposición a esta medida, ya que prefieren no pasar de la recomendación. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, ha ampliado su uso también a los pacientes en salas de espera.

En este sentido, Sanidad también ha planteado durante el encuentro de esta mañana la necesidad de dar "un soporte jurídico", a través de una declaración de actuación coordinada, a todas aquellas comunidades "de diferentes colores políticos" que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.

Entre las comunidades que se posicionan en contra, destacan Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado también que la convocatoria de esta reunión "llega tarde". No obstante, ha defendido que la comunidad cuenta desde hace años con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias.

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para "proteger a las personas vulnerables" hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada.

Sin embargo, coincide con su homólogo de Castilla y León en sus críticas a la reunión de este lunes. Para el consejero, ha sido un CISNS "verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario", porque se ha creado en la población una sensación de alerta que "no se correspondía con la realidad". Según Bancalero, ha generado "incomodidad" y "rechazo" entre todas comunidades autónomas, "de todos los colores".

En la misma línea, el conselleiro de Sanidade de Galicia, Julio García Comesaña, ve "desproporcionada" la intención que tenía Sanidad de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades "que lo precisan". Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se base en "criterios técnicos".

"La práctica unanimidad de los consejeros han criticado a la ministra por el intento de usar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter o una pancarta de una manifestación", ha proclamado García Comesaña, quien ha criticado el carácter "apresurado" de la convocatoria y el hecho de que García anunciase los temas a abordar "fuera" del propio órgano y sin convocar primero ni la Ponencia de Alertas ni la Comisión de Salud Pública.