Hacer volar un dron sobre Vigo le puede salir muy caro a un hombre. Así lo ha indicado este viernes la Policía Local de la ciudad olívica, que explicó que un operativo realizado por el equipo Fénix (Equipo de Drones de la Policía Local) y el equipo Pegaso (Unidad de medios aéreos de la Guardia Civil), logró identificar y denunciar a un piloto que volaba su aeronave sin las pertinentes autorizaciones a 246 metros de altura sobre O Castro, en la ciudad olívica.

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Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo, cuando sobre las 12:30 horas el sistema de detención de la Guardia Civil localizó la presencia de un dron sobrevolando la ciudad a 246 metros de altura, dentro de la zona de control de transito aéreo del Aeropuerto de Vigo, sin coordinación ni autorización alguna con el mismo. La altura máxima permitida en zona de tránsito aéreo es de 120 metros, por lo que la aeronave duplicaba la permitida, pudiendo generar un "grave riesgo" al tráfico aéreo tripulado.

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La Unidad de drones de la Policía Local realizó una inspección por la zona donde se estaba realizando el vuelo, localizando en el interior del Castillo de O Castro a un varón el cual manejaba y pilotaba el UAS (Aeronave no tripulada). Una vez identificado el responsable del vuelo, se le solicitó la autorización y titulación para ejercer este pilotaje. Los agentes comprobaron que carecía de cualquier tipo de permiso para realizar la actividad que estaba desarrollando.

Ocho infracciones y multas de hasta 225.000 euros

Los agentes de la Policía Local comprobaron que el hombre incurrió hasta en ocho infracciones graves al Real Decreto 517/2024 así como a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana: carecía de cualquier tipo de titulación que le habilitase como piloto, no tenía ninguna comunicación al Ministerio del Interior, realizaba vuelo en zona restringida CTR Aeropuerto de Vigo y superaba ampliamente la altura máxima permitida. Por todo ello, la Policía Local de Vigo y la Guardia Civil tramitarán las correspondientes denuncias a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea así como a la Subdelegación de Gobierno, pudiendo alcanzar la sanción económica un total de 225.000 euros