La concelleira de Urbanismo de Vigo, María José Caride, ha vuelta a alertar esta mañana no solo de los “problemas de legalidad” de la futura Ciudad Deportiva del Celta en Mos, sino también de los efectos que esta –y su complejo comercial- tendrá en las principales vías de acceso a la ciudad olívica.
En una jornada marcada por la movilización de los vecinos de Mos para forzar al Gobierno de España a retomar las obras de la A-55, paralizadas desde hace meses, desde Vigo apuntan que el futuro centro comercial del Celta en las proximidades del campus universitario empeorará la situación de la maltrecha vía de acceso.
“Ahora parece que la alcaldesa de Mos se pone en plan reivindicativo advirtiendo que [La A-55] no puede soportar más tráfico, ni puede mantener la situación que hoy tiene, pero en la modificación puntual del PXOM de Mos que presentan se recoge que buena parte del tráfico se produce en la A-55”, señala Caride. De hecho, el documento que busca dar encaje legal a la futura Ciudad Deportiva del Celta y, especificamente, a su macro centro comercial incluye el refuerzo del enlace de Casal, en una zona limitada hoy a 60 km/h.
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Por otra parte, desde el Concello de Vigo advierten que buena parte de los 27.000 vehículos que se prevé lleguen al futuro centro comercial auspiciado por Carlos Mouriño lo hagan a través del vial de Clara Campoamor, “que hoy ya tiene problemas intensos de tráfico” por la presencia del Álvaro Cunqueiro y del PTL de Valladares.
La concelleira de urbanismo viguesa también señala que “no hay memoria económica” en la modificación puntual del PXOM de Mos enviada a la Xunta, algo “poco habitual”. Sin embargo, según denuncia Caride, “se establecen dotaciones, como el suministro de agua que debe asumir el Concello de Vigo con un coste que, en su visión más moderada, sería de más de 9 millones de euros”.
Así mismo, los anexos de la modificación puntual del PXOM incluye modificaciones, ampliaciones o cambio de frecuencias en el servicio de autobuses urbanos de Vigo. En concreto, en el Anexo 6 se propone modificar las líneas L15C, L8 y U2, lo que en opinión del gobierno vigués “supondrá un coste directo para los ciudadanos de Vigo, más allá del os indirectos”.
Vigo considera que todo ello “interfiere en las finanzas municipales” y mantiene la “mano tendida” a las instituciones y al Celta para resolver los problemas y llevar a cabo los proyectos, “si quieren en nuestro término municipal o si desean en otro sitio”, pero siempre a través del “diálogo, respeto institucional y legalidad”.
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