La retirada de efectivo en gasolineras de municipios gallegos con menos de 20.000 habitantes, anunciada por la Xunta hace dos semanas, se realizará a través de terminales de puntos de venta (TPV), como si fuese una compra en un comercio. El Gobierno gallego estima que la medida llegue a 200 establecimientos antes del término de la legislatura, que contarán con la opción de acceder a ayudas con este motivo.
La medida se ha hecho efectiva tras la firma de un convenio este miércoles entre la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, Abanca y la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes).
En virtud de esta colaboración, explicó Lorenzana, Abanca se compromete a dotar estos establecimientos de TPV de última generación habilitadas para hacer pequeñas retiradas de dinero de forma gratuita a clientes de tarjetas de débito emitidas por la entidad bancaria.
El procedimiento para la retirada del dinero será el mismo que en una compra con tarjeta en cualquier comercio. El cliente tendrá que especificar la cantidad a extraer, pasará la tarjeta por el dispositivo y marcará su número secreto. Entonces, el empleado de la gasolinera le hará a entrega de la cantidad pedida.
El Gobierno gallego estima que la implantación de esta medida en los 290 concellos gallegos con menos de 20.000 habitantes alcance en esta legislatura unos 200 establecimientos, la mitad de las que actualmente están adheridas a la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes).
La firma de este convenio irá acompañada, además, de una orden de ayudas que saldrá publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) con una dotación económica de 800.000 euros y que va a incidir en el mismo objetivo de "modernizar los servicios" de los que disponen las gasolineras emplazadas en ayuntamientos del rural.
Además de subvencionar la adquisición del equipamiento necesario para poder ofertar la retirada de efectivo, también podrán solicitarse apoyos para mejorar los sistemas de pago, la gestión operativa del local a través de plataformas digitales o la instalación de grupos electrógenos y sistemas de seguridad. Las ayudas máximas pueden alcanzar hasta los 30.000 euros por beneficiario.
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