La Xunta trabaja en la normativa para retomar la caza del lobo tras la rebaja de su protección

La Xunta de Galicia trabaja en la revisión y actualización de la normativa que regula la actividad cinegética anual en la comunidad con el fin de retomar la caza del lobo y las medidas de control de esta especie una vez que se materialice la rebaja de su nivel de protección, que se hará efectiva con la exclusión de las poblaciones al norte del río Duero del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).

El Consello de la Xunta ha analizado el acuerdo por lo que se inicia la adaptación del marco normativo autonómico --la resolución que fija las épocas hábiles de caza-- después que el Congreso de los Diputados aprobase la semana pasada varias enmiendas a un proyecto de ley estatal por las cuales las poblaciones de lobo al norte del Duero dejan de ser especies protegidas.

Másnoticias

Galicia presenta sus espectaculares Trenes Turísticos con billetes ya a la venta para todas las rutas

05/06/2026

El papa León XIV recibirá el primer facsímil del Códice Calixtino, la joya robada de la Catedral de Santiago

04/06/2026

En cuanto esa ley estatal se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor, la especie rebajará su nivel de protección, al igual que la que tenía antes de septiembre de 2021, por lo que se devuelve a las autonomías la potestad de adoptar medidas de gestión y control.

La Xunta reclamaba desde hace tiempo al Gobierno central la rebaja del nivel de protección del lobo, dado que sostiene que el estado de conservación de sus poblaciones en Galicia es favorable.

Los técnicos del Ejecutivo autonómico analizarán todos los datos disponibles con el fin de adaptar los criterios de valoración de los daños recurrentes causados por el lobo a la situación actual pues servirán de referencia para la adopción de las medidas de control previstas en el plan de gestión de la especie, aprobado en 2009 y plenamente vigente.

De este modo, podrán autorizarse batidas, esperas o monterías en casos en los que se justifiquen esos daños recurrentes a las explotaciones ganaderas, medidas que contarían "con un riguroso seguimiento por parte de la Administración gallega con el fin de garantizar la preservación de las poblaciones", según dice, para "compatibilizar su existencia con una actividad económica".

La Xunta trabaja así para retomar el modelo de gestión vigente hasta septiembre de 2021, momento en el que el Gobierno central "aprobó de manera unilateral y sin aval científico" la inclusión de esta especie en el Lesrpe.

Aumento de daños

Según la información trasladada por la Xunta al Gobierno, las poblaciones de lobo en el territorio gallego "es favorable" al aumentar un 37% en los últimos 20 años. Indica que en Galicia hay 93 manadas y que su presencia está repartida por más del 90% de la superficie de la comunidad. Añade que, desde el año 2021, los avisos por daños se dispararon cerca de un 77% y las reses afectadas por ataques de la especie aumentaron un 57%, con una media de 10 animales atacados al día.

La Xunta resalta que el presupuesto de las ayudas para compensar los ataques del lobo pasó de rondar los 350.000 euros de media antes de 2021 a superar los 900.000 euros en el actual ejercicio.

Lucha contra enfermedades fúngicas en pinos 

En otro orden de cosas, la Xunta destinará casi 1,4 millones en los próximos cuatro años para reforzar la lucha integrada contra las enfermedades fúngicas del pino, con la Serra da Capelada como zona prioritaria de actuación.

El Consello ha tomado razón de un informe de la Consellería do Medio Rural en el que se detallan estas acciones, con unas intervenciones que se prevén extender al resto del territorio.

Así, se harán tratamientos fitosanitarios preventivos y silvícolas y se avanzará en la selección genética de árboles candidatas por resistencia, entre otras medidas.

La superficie estimada de esta actuación será de alrededor de 2.000 hectáreas, la mitad de ellas en montes de gestión pública, en los cuales los trabajos ya están en marcha, y la mitad restante en terrenos de gestión privada, en donde se buscará la participación y autorizaciones de sus titulares.