El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró esta mañana el apoyo de la Comisión Europea a las obras de túnel de Porta do Sol, que han suscitado una importante crítica ciudadana encabezada por la asociación Vigo Histórico. El regidor vigués aseguró en rueda de prensa que en la Unión Europea “se ríen” de la carta enviada por el BNG alertando de la “falta garantías” de una actuación que podría poner en riesgo “restos arqueológicos y edificios BIC”.
La carta de la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, facilitada por el Concello de Vigo, argumenta que "el proyecto está autorizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia" y que "en 2018 no se superaron en Vigo los valores límite de NO2, PM10 o PM2,5".
Con todo, la comisaria no entra en el fondo del asunto ya que reconoce que por ahora "no se ha certificado gasto alguno para el proyecto" a pesar de que el Concello "probablemente presentará una solicitud de cofinanciación en el marco de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) del Vigo Vertical". Así todo, explica que son las ciudades las "responsables de la selección y el seguimiento de las operaciones en el marco de las estrategias EDUSI".
Para Caballero, la respuesta de Ferreira significa un aval al proyecto del túnel de Porta do Sol, y se traduce en "la risa de Europa a la alegación del Bloque". En opinión del regidor vigués, el BNG de Vigo "no entiende nada" y "tiene que ser la Comisión Europea la que le dice que no tienen ninguna razón y que en Vigo está todo correctamente". "Me preocupa que en Europa crean que todos somos como el Bloque de Vigo, ¿no se ponen colorados?", zanjó Caballero.
El BNG de Vigo defiende desde el inicio la conversión de Porta do Sol en un espacio totalmente peatonal, apoyando a los vecinos afectados y colectivos sociales del barrio que abogan por una peatonalización “sostenible” que no pase por un túnel.
El portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas aseguró hace unos días que "todavía estamos a tiempo de parar esta locura", demandando la paralización de las obras para reclamar la efectiva protección sobre los restos arqueológicos y los bienes protegidos que puedan ser afectados por las obras.
