Caballero promete batalla en el "caso PassVigo": "Será solo para gente de Vigo"

Abel Caballero ha vuelto a cargar contra Núñez Feijóo. La sentencia que anula el requisito de empadronamiento para adherirse a los descuentos del transporte urbano de Vigo es el nuevo enfrentamiento entre el alcalde de la ciudad olívica y el presidente de la Xunta de Galicia. El regidor promete batalla. Asegura que el departamento de asesoría jurídica del Concello y expertos jurídicos le han dado opiniones positivas en caso de recurrir al fallo. "Vigo le va a ganar al señor Feijóo y a la señora Porro en su alegría de que Vigo tenga que pagar el autobús de los de fuera", declaró el alcalde.

El regidor vigués también fue tajante en descartar que la PassVigo vaya a ser universal. No va a ser de todos, sino solo para las personas que estén empadronadas en Vigo. "Es una tarjeta exclusiva para vigueses", aseguraba Caballero. El alcalde de la urbe gallega matizó que la sentencia que anula el requisito de empadronamiento exige "un modelo de pago para las vecinas y vecinos fuera de Vigo", no que tengan la PassVigo.

Másnoticias

Uno de los escritores gallegos del momento firma su nuevo libro en Vigo, un magnicidio en A Toxa

04/06/2026

Los trenes de Vigo se verán afectados por las obras en la estación de A Coruña

04/06/2026

El fallo que recurrirá el Concello explica que “si la nueva tarjeta de transporte - incorporada a la PassVigo u ofrecida de modo independiente de ella- solo puede ser concedida a personas empadronadas en Vigo, es claro que se atiende a criterios de residencia para disfrutar de la tarifa reducida y de las bonificaciones más arriba reseñadas, lo que contraviene la normativa”.

Pero no solo la ley impulsada por Feijóo, que Caballero denomina como “Anti-Vigo” refrenda el fallo judicial. El propio texto también cita la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres o el reglamento europeo 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar donde se asienta el principio de igualdad de todos los usuarios, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualesquiera razones; entre ellas, por el lugar de residencia.

El fallo refrenda así la suspensión cautelar del requisito de empadronamiento dictada en 2018 tras la denuncia interpuesta entonces por el Concello de Redondela gobernado por Javier Bas.