Cientos de coches salen a la calle en Vigo para protestar a favor de la educación concertada

Cientos de vehículos ocuparon este domingo el aparcamiento de Samil para rechazar la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá, que busca dar mayor peso a la educación pública frente a la concertada y privada. La marcha, convocada por Escolas Católicas de Galicia, la Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado y Feuso Galicia, entre otras organizaciones, denuncia que “miles de familias verán coartados sus derechos al elegir la educación de sus hijos”.

El Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a la nueva ley educativa que regirá el destino de los estudiantes de España, la LOMLOE, que viene a certificar que cada Gobierno ve la necesidad de crear su propia ley de educación con su particular visión. En este caso, la ley incluye novedades importantes que buscan dar mayor peso a la enseñanza pública.

Los manifestantes critican especialmente que se elimine el concepto de “demanda social” que permite abrir más centros o ampliar plazas subvencionadas en centros concertados si así se demanda, en lugar de en colegios públicos. Consideran que se trata de “un ataque a la libertad” para elegir a qué colegios van sus hijos. La nueva ley potencia la escuela pública y fomentará que se garantice “una oferta suficiente de plazas públicas” promoviendo “un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.

El objetivo es “evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”. El Gobierno busca acabar con lo que los investigadores Roberto Fernández Llera y Manuel Antonio Muñiz han bautizado como el “círculo vicioso de la educación concertada y privada”. En su investigación, aseguran que el argumento fundamental de las familias al elegir la concertada “no es una mayor calidad educativa, si no las características socioeconómicas de los alumnos de las escuelas concertadas, significativamente distintas (y más favorables para el proceso educativo) que las de los centros públicos. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de seguir permitiéndose, aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo”.

Para la admisión de alumnos, ahora se primará la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita. Así, se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y las matrículas, reduciendo la capacidad de maniobra de los colegios concertados para elegir a sus alumnos.

El Gobierno prohíbe además ceder suelo público para la construcción de centros concertados y se elimina la posibilidad de concertar con fondos públicos a centros que segreguen a su alumnado por sexo. Se busca acabar también con la práctica de algunos centros de cobrar cuotas a las familias. “En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica”, fija la ley.

Los manifestantes también lamentan la postura sobre la asignatura de la religión. El Gobierno no la elimina y es de oferta obligada para todos los centros, pero ahora dejará de contar para la nota media final para acceder a la Universidad y se elimina la obligación de cursar una materia alternativa.

Otros cambios de la Ley son el objetivo de ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, fomentando que sean gratuitas. Se añaden además temarios de igualdad de género, de conocimiento de la democracia española o de valores cívicos y éticos con especial mención a los Derechos Humanos y de la Infancia.