Condenados los responsables de un club de alterne de Vigo tras varias inspecciones

Los tres responsables (dos socios y un encargado) de un club de alterne ubicado en un chalet del barrio de Castrelos de Vigo han aceptado penas de entre cinco y 12 meses de prisión como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores por tener empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución sin haber sido dadas de alta en la Seguridad Social.

El juicio se ha llevado a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y durante el mismo las partes llegaron a un acuerdo de conformidad sobre las penas de cárcel y multas. Sin embargo, no se alcanzó pacto sobre la responsabilidad civil de los acusados, ya que la Seguridad Social solicitaba una mayor cuantía.

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En concreto, para uno de los procesados Fiscalía redujo su petición de cárcel hasta los seis meses de prisión y una multa de 720 euros; mientras que para otro de los acusados se solicitó un año de cárcel y una multa de 1.620 euros. El último varón se conformó con 5 meses de cárcel y una multa de 480 euros.

Estas penas fueron aceptadas por todas las partes, tanto Fiscalía como defensas y Seguridad Social. No obstante, esta última no aceptó la cuantía de la responsabilidad civil pactada por el resto de partes, que solicitaban algo más de 1.500 euros.

La abogada de la Seguridad Social pedía más de 20.500 euros. Todo ello argumentando que se llevaron a cabo dos inspecciones en el local, encontrando en total 19 mujeres sin contrato entre ambos días (15 de febrero y 25 de agosto). Pero dos empleadas estaban los dos días.

El ente público "presupone" que si estaban las dos jornadas, era porque trabajaron durante todo ese periodo de más de seis meses, por lo que pide que se paguen las cuotas diarias de todos esos días también. El caso ha quedado visto para sentencia a la espera de que el tribunal decida sobre este asunto.

Hechos

Los hechos fueron denunciados tras dos visitas conjuntas de la Inspección Laboral y de agentes de la UCRIF de la Policía Nacional al club, situado en la zona de Castrelos. Así, se pudo constatar la presencia de 19 mujeres que ejercían la prostitución, sin estar dadas alta en la Seguridad Social, y en algunos casos sin permiso de trabajo o en situación irregular en España.

La mayoría de las trabajadoras eran de nacionalidad colombiana, y también había mujeres brasileñas, dominicanas, una paraguaya, una venezolana y una procedente de Rumanía. El club cerró en septiembre de 2023 y los dueños del chalé donde se ubicaba denunciaron a los acusados por impago del alquiler del inmueble.