El astillero vigués Cardama y la Xunta, a la espera de nuevos pasos en la denuncia de Uruguay

Ha pasado ya un mes desde que el Gobierno uruguayo anunciase su intención de romper el contrato para la compra de dos patrulleras al astillero vigués Cardama por 82 millones de euros, al encontrar "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado".

Un mes en el que han sido muchas las informaciones que han salido al respecto, esperando ahora tanto la empresa como la Xunta de Galicia nuevos pasos de esta denuncia interpuesta por parte del Gobierno de Uruguay, que tacha de "trampa" el formato del contrato.

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Desde el primer momento, la compañía ha confiado en reconducir la situación. Ahora se encuentra a la espera de que avance el procedimiento iniciado por el Ejecutivo uruguayo, sin querer dar declaraciones a los medios de comunicación al respecto.

Por su parte, fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han reivindicado que el Gobierno gallego mantiene un canal de comunicación con el Ejecutivo de Uruguay para conocer de primera mano cualquier novedad sobre esta cuestión. "La reputación y la fiabilidad del sector naval gallego está más que acreditada por décadas de trabajo y liderazgo industrial en España", han reivindicado las mismas fuentes.

Precisamente la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, insistió en la necesidad de aclarar lo ocurrido, poniendo en valor al naval gallego. "Esperamos que con la participación de todos sea posible que Cardama pueda regularizar ese contrato y pueda finalizar el objeto contractual, llegando a buen puerto", subrayó.

Denuncia

Esta semana se ha conocido que Uruguay estaría planeando una ampliación de la denuncia. La reclamación inicial estaría ligada a que Cardama debía presentar una garantía de "fiel cumplimento" de la licitación que equivalía al 5% del contrato total de la obra (en torno a 4,1 millones de euros). Es decir, que si Cardama no cumplía con el contrato, el Gobierno de Uruguay podía ejecutar la garantía y recibir ese importe.

"Eso no se cumplió y se fueron solicitando prórrogas", detalló el Ejecutivo sudamericano, añadiendo que "los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante, porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses". Ahora, habrían encontrado otras presuntas irregularidades, como una supuesta "firma falsa" notarial junto al documento de fiel garantía presentado.

"Trampa"

El propio presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, lamentó que el formato del contrato es una "trampa". "Si las cosas están mal hechas, las vamos a frenar. El Estado de Uruguay tiene que defenderse", reivindicó.

Poniendo el foco en la necesidad de "transparencia", también apuntó directamente a la empresa que, supuestamente, "no se portó bien" y "obró de manera incorrecta". "Y eso es lo que tiene que enderezarse para que podamos tener las patrulleras en funcionamiento", añadió.

El secretario de Presidencia del Gobierno uruguayo, Alejandro Sánchez, también se pronunció sobre el tema, indicando que la situación es cada vez "más turbia" al encontrarse nuevos elementos como la supuesta firma "falsa", por lo que es importante "esclarecer" lo ocurrido.

La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, también reivindicó la importancia de contar con las patrulleras "de la mejor manera posible". "Pagamos por un servicio, tenemos derecho a opinar y que se tenga en cuenta", apostilló, recordando que representantes uruguayos han viajado a Vigo en los últimos días para comprobar el avance de la construcción de las patrulleras.