El PP señala que Vigo tendrá que pagar 1,1 millones por prestar el servicio del SAF "sin contrato"

El Partido Popular de Vigo ha calificado como "chapuza" que el Concello tenga que indemnizar con 1,1 millones de euros a Servisar, empresa del grupo DomusVi por "daños y perjuicios" por haber prestado el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) durante el pasado mes de diciembre "sin un contrato legal".

El edil popular Fernando González Abeijón afirma que el informe del interventor municipal "señala que el servicio se prestó mediante un contrato verbal o a través de un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Además, el concelleiro ha lamentado que "no es un hecho aislado ni un error puntual" sino que lo considera "la consecuencia directa de una mala gestión del gobierno de Caballero, que ha llevado al Concello a una situación límite y jurídicamente insostenible".

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Abeijón ha hecho referencia este miércoles al informe del interventor municipal, que señala que revela que el SAF se prestó durante todo diciembre "sin contrato, sin cobertura legal y fuera de cualquier procedimiento administrativo". Además, señala que, una vez finalizado el anterior contrato, no era posible acordar una prórroga y el nuevo fue recurrido ante el Tacgal, por lo que tuvo que ser suspendido y se retrasó su entrada en vigor.

El SAF, una prestación "esencial"

El popular destaca la importancia del SAF como una prestación "esencial" que atiende a personas mayores y dependientes, y que asegura no debe paralizarse. "Precisamente por eso, la solución tenía que haberse buscado de otra forma, de manera legal, transparente y con control democrático", ha reprochado. Sin embargo, afirma, el Gobierno local optó por "dejar que la empresa siguiera prestando el servicio, subir el precio al nuevo contrato y después pasar una factura millonaria".

Además, González Abeijón ha añadido que esa indemnización que se pagará con un reconocimiento extrajudicial de crédito debería haber ido al pleno municipal. Así asegura que es cómo está establece la doctrina del Tribunal de Cuentas, pero señala que el Gobierno de Caballero "optó por aprobarla en Xunta de Goberno Local" y así tratar de "evitar el debate político y el control de la oposición". 

El concejal popular ha recordado que la responsable del departamento de Contratación es la "polémica" concejala Patricia Rodríguez, que este martes prestó declaración como investigada por el accidente mortal del ‘Saltamontes" en Matamá. "Siempre que hay un problema grave en este Concello, su nombre acaba saliendo a la luz", ha recriminado González Abeijón, que ha exigido al gobierno local "más responsabilidad" y dejar de lado la "propaganda, las infografías y el autobombo". “

"Esto no es defender lo público: es gestionarlo mal, vaciarlo por dentro y acabar pagando las consecuencias con dinero de todos", ha concluido el edil popular.