Jarro de agua fría para el Concello de Vigo y balón de oxígeno para O Porriño en el marco de la denominada "guerra del agua" que viene enfrentando a ambos gobiernos en los últimos años. El último capítulo supone una victoria para el municipio de A Louriña, que ha visto como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha corregido el fallo del juez de primera instancia que inadmitió el recurso porriñés contra la subida de precios que debe pagar a Vigo por el agua.
La sentencia, con fecha de este martes 16 de junio, corrige el fallo de octubre de 2024 en la que el juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Vigo inadmitió, por falta de legitimación activa, el recurso interpuesto por el Concello de O Porriño contra un acuerdo plenario de Vigo, que actualiza los precios de los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras de captación de agua y el abastecimiento y dispara los costes para la capital de A Louriña. En base a este concepto, el Concello olívico reclama al porriñés casi 6 millones de euros de pagos pendientes desde hace varios años.
Ahora, el alto tribunal gallego estima el recurso presentado por el Gobierno local de Alejandro Lorenzo y revoca la sentencia, ordenando devolver las actuaciones judiciales al juzgado y dando a O Porriño un plazo de 10 días naturales para aportar los documentos que se le exigían. Se trata de un acuerdo del Pleno ratificando la decisión de la Alcaldía de interponer el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Concello de Vigo. En la primera sentencia, el juzgado entendió que no se acreditó que esta decisión de interponer el recurso contra Vigo hubiera sido adoptada por el órgano competente (el Pleno). Se trataba, pues, de un defecto de forma y no de fondo.
El regidor porriñés, Alejandro Lorenzo, celebra que el TXSG reconozca ahora en el fallo judicial que "no hubo desidia o desinterés por el Concello de O Porriño a la hora de subsanar el defecto procedimental alegado en la contestación a la demanda, sino que se reaccionó frente a la alegación del mismo aportando la documentación que consideró procedente".
La sentencia corrige al juzgado y censura que "no advirtió que el acuerdo aportado había sido adoptado por órgano incompetente, consideración que solo aparece en el momento en que el Concello de Vigo formula sus conclusiones, tras las cuales se declara el pleito concluso, sin que el Juzgado, a la vista de dicho escrito, hubiese ofrecido a la parte actora (O Porriño) la posibilidad de aportar una ratificación por el Pleno de la actuación del Alcalde". Por ello, considera que se dejó a la localidad en situación de "indefensión" al tratarse de un defecto subsanable.
En el fondo está la decisión de Vigo de 2023 que actualiza las tarifas de 1998 sobre la participación del Concello de O Porriño en los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras de captación de agua del embalse de Eiras y cauce, hasta el punto de entrega, y declara exigible a O Porriño nuevos costes de operación y mantenimiento y la eventual recuperación de inversiones.
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