Europa declara ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048

La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado la concesión de la autopista AP-9 sin haber hecho una licitación pública. En concreto, la CE considera que "España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación de la UE".

Europa se refiere, así, a la tercera prórroga de la concesión que se llevó a cabo en el 2000 y que alargó hasta 2048 los peajes. El Ejecutivo europeo entiende que no se hizo de acuerdo a la legislación europea, en concreto a la directiva 93/37/CE. Según el Derecho de la Unión Europea la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante una licitación. Ahora, España dispone de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión Europea. De no hacerlo, ésta podría optar por enviar un dictamen motivado a España.

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La prórroga a debate fue aprobado por el Gobierno que presidía José María Aznar, dándole 25 años más a la concesionaria para compensar la ampliación de la autopista. La líder del BNG y de la oposición en el Parlamento gallego, Ana Pontón, fue la primera en reaccionar al dictamen de la Comisión Europea. "A concesión a Audasa non cumpre coa legalidade, é o que din as autoridades comunitarias e, polo tanto, hai que poñerlle fin", expresó la portavo nacional de la formación nacionalista para asegurar que la CE “mostra o camiño que debe percorrer o Estado español: poñer fin a abusiva concesión e acabar cunhas peaxes que os galegos e as galegas levamos demasiado tempo pagando".

Junto a la carta enviada a España por la AP-9, la Comisión también ha “tirado de las orejas” a Italia. El caso italiano ya fue objeto de una sentencia dictada en septiembre de 2019 (asunto C-526/17), en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que, al ampliar la duración de la concesión de la autopista a la “Società Autostrada Tirrenica p.A.” sin iniciar previamente un procedimiento de licitación, Italia había infringido la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública. Dos años después de la conclusión del Tribunal de Justicia, Italia aún no ha tomado medidas para garantizar la ejecución oportuna de la sentencia. Por ello, el Ejecutivo europeo amenaza con llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no toma medidas en dos meses.