El sindicato CIG ha reclamado este jueves el cese de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, por el "nefasto" dispositivo de prevención y de extinción de incendios forestales en Galicia.
La central nacionalista le ha advertido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que mantener en el cargo a la conselleira tras una "gestión incompetente" lo convierte en "más cómplice" de la ola de incendios.
Según ha incidido la CIG, la ola de incendios es en gran medida "fruto de las políticas forestales" del PP, que "convirtieron a Galicia en un polvorín", al tiempo que ha vuelto a denunciar las condiciones laborales del personal de extinción, que "tiene que hacer más de lo que su capacidad les permite".
Para el sindicato, "llegó el momento de pedir responsabilidades". "No podemos seguir poniéndonos en riesgo, hay que actuar, y el gobierno gallego tenía que haberlo hecho mucho tiempo atrás", han subrayado, antes de denunciar que la Xunta "lleva años inhibiéndose de articular políticas forestales activas, de fomentar la prevención y de asentar un dispositivo contra incendios con medios y personal".
La CIG ha subrayado que la ola de incendios de este verano, con "más de 150.000 hectáreas" quemadas, es "la mayor catástrofe ecológica desde el Prestige". "En 2019, tras meses de lucha del personal, Medio Rural volvió a asumir las brigadas de refuerzo, pero lo hizo de forma irregular y redujo los medios existentes", ha recordado el sindicato, que ha hecho especial hincapié en la situación de "falta de medios" en la provincia de Ourense.
Por otra parte, ha insistido en que "costó años de lucha que el personal laboral trabaje durante 9 meses", y ha remarcado que ese personal debe trabajar "todo el año" para tener unas condiciones dignas, ser profesionales formados y hacer tareas de prevención. Sin embargo, ha censurado, la Xunta "discrimina" a estos trabajadores, tratando de forma diferente al personal laboral y al funcionario.
Con los incendios, han alertado, se evidenciaron los incumplimientos laborales: "superación de la jornada máxima diaria de 12 horas; falta de avituallamento de comida y bebida; ausencia de un sistema para desinfectar los EPI, con la consiguiente exposición permanente a sustancias carcinógenas; carencias y defectos en el material de protección, etc.".
A esto se suman otras irregularidades, según la CIG, como no convocar los comités de seguridad y salud laboral "después de 20 trabajadores quemados", deficiencias en las bases de tierra o el retraso para la cobertura de las plazas vacantes y sustituciones.
Finalmente, el sindicato ha recordado que en 2006, "con la mitad de superficie quemada", Rueda exigía responsabilidades. "Ahora, con el doble, por decencia, debe rendir cuentas", han apuntado, y han insistido en que debe cesar a quien tiene las responsabilidades en el dispositivo de lucha contra incendios forestales, la conselleira do Medio Rural, y los responsables en este ámbito de su departamento.
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