Fiscalía abre una investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión del SAF de Ponteareas

La Fiscalía del área de Vigo ha abierto una investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de la localidad pontevedresa de Ponteareas, requiriéndole al Concello documentación de los trámites realizados tras las denuncias del personal, por si pudiese existir un delito de prevaricación administrativa.

Así, Fiscalía ha comunicado la apertura de diligencias de investigación penal sobre los presuntos incumplimientos de la normativa vigente por parte de la empresa concesionara, tras ser denunciados por la CIG ante la inspección de los servicios sociales.

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Tal como reivindica el sindicato en un comunicado, esta decisión llega después de que se le remitiese a Fiscalía copia de la denuncia por los supuestos incumplimientos de la empresa Óbolo y del propio Concello, considerando que se podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa por parte de la administración local y del concejal responsable. Todo ello debido a que, pese a enviar denuncia hasta en dos ocasiones sobre la situación del SAF, "la representación sindical no recibió contestación ni consta actuación administrativa alguna al respecto".

Desde la central sindical valoran la iniciativa de Fiscalía y lamentan que el gobierno local no actuase frente a las denuncias previas de las trabajadoras, "llegando incluso una vez convocada la huelga a negar que se estuviesen incumpliendo las condiciones esenciales del contrato".

Así, la CIG critica que el Concello se negase a iniciar un expediente sancionador o de resolución de contrato, "utilizando a partir de ese momento personal propio y proveedores del Concello para intentar corregir los incumplimientos (aportando programa informático, mobiliario, material higiénico, equipamiento de la residencia municipal, teléfonos móviles y ropa de trabajo)".

La CIG indica que no se llevó al pleno municipal la apertura de un expediente sancionador hasta el pasado 28 de octubre, casi tres meses después de tener constancia de los hechos y transcurridos ya 32 días de la huelga indefinida.