La comparecencia de Alfonso Rueda en la comisión de contratos se fija para el viernes 29

La comisión parlamentaria de investigación sobre los contratos de la Xunta en pandemia y la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, entre otros asuntos, arrancará finalmente este jueves 22 y no el jueves su fase de comparecencias, ya que esta sesión ha sido desconvocada al haberse recibido comunicación de los comparecientes previstos en la que argumentaban su imposibilidad de asistir.

En concreto, estaba previsto que este jueves estrenaran el arranque de la fase de comparecencias José Ramón Gómez, quien ocupó cargos directivos con el bipartito y también, posteriormente, fue gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés varios años hasta 2022, ya bajo mandato popular en la Xunta; y María José Rubio, la que fuera conselleira de Sanidade en el Gobierno de PSdeG y BNG que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009.

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Eran los dos nombres que figuraban en la convocatoria de la comisión publicada oficialmente en la web del Parlamento autonómico (aunque inicialmente, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, se planificó la presencia de al menos otro cargo destacado del Sergas con gobierno del PP en la Xunta, Félix Rubial). Los comparecientes comunicaron "imposibilidad de asistencia para esa fecha".

Tras la anulación de la jornada del jueves, la comisión se ha convocado para el viernes y figura un listado ya oficial de cuatro comparecientes: Francisco Méndendez, presidente de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia; el diputado y exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña; Rocío Mosquera, exconselleira de Sanidade entre 2012-2015; y Alejandro Vila, jefe del personal subalterno del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Más allá, el último calendario con el que trabaja la comisión ha actualizado otros comparecientes 'agendados' y sitúa en el jueves 28 de noviembre la comparecencia del exministro de Sanidad y ahora presidente catalán, Salvador Illa; mientras que fija la del presidente gallego, Alfonso Rueda, para el día siguiente, viernes 29.

Antes, la planificación cita en el martes 26 de noviembre al exconselleiro de Sanidade y ahora alcalde de Baiona (Pontevedra), Jesús Vázquez Almuiña; Benito Regueiro, jefe del servicio de microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo; Enrique Nieto, gerente de la sociedad concesionaria del Hospital de Vigo; Andrés Íñiguez Romo, jefe del servicio de Cardioloxía del Álvaro Cunqueiro; Marta Fernández Currás, exconselleira de Facenda entre 2009 y 2011; y Eva Iglesias, supervisora general del hospital vigués en el foco.

El miércoles se propone que pasen por la Cámara gallega Juan Carlos Aladro Fernández, conselleiro maior del Consello de Contas; el exsecretario del Sergas Cayetano Rodríguez; el conselleiro de Sanidade actual, Antonio Gómez Caamaño, y la exconselleira de Política Territorial con el bipartito María José Caride, entre otros cargos.

Ya el jueves 28, junto con Illa (que arrancaría la sesión a las 10.00 horas), se prevé que comparezca el actual titular de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, así como la exconselleira de la misma área, Elena Muñoz; el exconselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo; y el exsecretario xeral del Sergas Antolín Rodríguez. El viernes, de cumplirse el último calendario, comparecería antes de Rueda (previsto para las 13:00 horas), el secretario xeral de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Manuel Pillado. Por la tarde, a las 16.00 horas, sería el turno de la interventora xeral de la Xunta, Almudena Chacón.

Plan de trabajo polémico

El plan de trabajo que rige la comisión, que nació a impulso del BNG, no ha estado exenta de críticas por parte del PSdeG y de la propia formación nacionalista. Ambos partidos se quejan del "veto" a comparecientes que consideran claves, empezando por el expresidente Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PPdeG, o de su hermana Micaela, directiva de Eulen, una de las empresas en el foco.

Este mismo martes, en una sesión de control adelantada al martes para que Rueda pudiese compaginarla con el viaje institucional a Brasil que emprende esta misma jornada, la líder del BNG, Ana Pontón, amenazó con dar pasos legales si el PP no "rectifica" lo que considera una deriva "autoritaria" que se ha traducido en el "veto" a que pasen por el órgano parlamentario voces que los nacionalistas ven fundamentales.

El presidente le ha respondido con el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que rechaza la petición del BNG de revocar el plan de trabajo de comisión, al tiempo que ha dejado en el aire una pregunta para la nacionalista: "¿Usted está en condiciones de decir que nadie de su entorno familiar próximo tuvo un contrato menor de un gobierno del BNG?"

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, ratifica que, una vez que se crea un órgano parlamentario, aunque sea a impulso de un grupo, este "no conserva ni adquiere ningún derecho sobre el órgano o la proposición de ley distinto del de los derechos y facultades que el reglamento les confiere al resto de los grupos". "En todos estos casos, las vicisitudes posteriores se someten a los principios y reglas generales de funcionamiento del reglamento", agrega el informe, en referencia a la normativa por la que se rige la Cámara autonómica gallega, donde el PPdeG tiene mayoría absoluta.

El PSdeG protesta por "citaciones exprés"

Tras el debate, el Grupo Parlamentario del PSdeG ha enviado un comunicado en el que denuncia las "maniobras" del PP para "seguir entorpeciendo la investigación sobre la trama de amiguismo y favoritismo" con "centenares de contrataciones a dedo y el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro". "Estas maniobras empezaron con vetos a los principales líderes de su partido y ahora continúan con citaciones exprés y un comportamiento opaco y manipulador sobre los comparecientes", sostienen los socialistas.

Al margen de "vetos" a comparecientes, los socialistas remarcan que las citaciones "están siendo realizadas en condiciones de dudoso cumplimiento del reglamento, con plazos insuficientes, notificaciones improvisadas e incluso casos en los que las personas convocadas se enteran por la prensa de su citación", lo que, sostienen, "puede vulnerar los derechos" de los citados. En esta coyuntura, el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento dos escritos dirigidos a la Mesa de la comisión cuestionando las formas en la que se está llevando a cabo la citación "de los pocos comparecientes que aprobó el PP".