La Fiscalía investigará la residencia de Salvaterra ante las denuncias de abandono y falta de higiene

La dramática situación en la que viven los ancianos de la residencia de Salvaterra continúa sumando capítulos. La Fiscalía Superior de Galicia acaba de abrir diligencias, que ha remitido a la Fiscalía de Pontevedra, para investigar la situación en el centro geriátrico tras una denuncia del Defensor del Paciente.

El centro está intervenido por la Xunta y acumula un alto número de fallecidos por coronavirus. Sin embargo, la situación es dramática, según denuncian sindicatos como la CIG o algunos trabajadores. Con todo, estas diligencias no implican que se acabe por formular denuncia.

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La actuación de oficio de la Fiscalía llega después de que la asociación de Trabajadores de Residencias de Galicia, TREGA, hiciera públicas unas durísimas imágenes del interior del centro y denunciara falta de higiene e “imposibilidad para atender correctamente a los pacientes”.

En la denuncia de TREGA se aseguraba que “todos los pacientes visten prendas pertenecientes a otros usuarios, y los objetos personales, ropa y calzado de los armarios no se corresponden tampoco con los suyos propios”. Pero además, según la carta que se entregó a la Xunta, “las habitaciones de los residentes, así como las zonas comunes como pasillos, se encuentran realmente sucias, incluso nuestro calzado se queda pegado al suelo a consecuencia de ello”, se explicaba.

Denuncia por "prevención de la tortura"

La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, anunció este lunes en rueda de prensa que la formación ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la situación “insoportable que se está viviendo en las residencias de mayores privadas” y, en concreto, en la residencia de Salvaterra de Miño.

La denuncia se ha presentado, según explica Solla, teniendo en cuenta las laboras del Defensor del Pueblo de “prevención de la tortura”. Esquerda Unida considera que en la Residencia de Salvaterra “se están vulnerando derechos fundamentales de los residentes, como es el derecho a la integridad física y moral y el derecho a la no discriminación”, que se aplica a personas que tienen restringida su movilidad.

“En esta residencia se está dando un trato degradante, por lo que lo ponemos en conocimiento del Defensor del Pueblo para que tenga constancia y valore la situación”, asegura Eva Solla, que también tuvo palabras para las sanitarias y sanitarios que están trabajando “con escasez de medios humanos y materias en una situación excepcional de pandemia”.

La CIG viene denunciando desde el año 2017 la falta de personal en la residencia, con unas condiciones “prácticamente tercermundistas”. Ahora, dando continuidad a la denuncia presentada en el Parlamento Europeo -que se encuentra en fase de investigación- sobre la actuación en las residencias durante la Covid, Esquerda Unida presenta esta denuncia ante el Defensor del Pueblo para que investigue la situación en la residencia de Salvaterra.

La situación en las residencias con la restricción de visitas motivada por el riesgo de contagios “incrementa aún más la vulnerabilidad de las personas residentes en estos centros”, según explican desde EU.