Patrimonio acepta finalmente que se cubra el escudo franquista del IES Santa Irene

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Xunta de Galicia, acaba de informar positivamente sobre la nueva propuesta para cubrir el escudo franquista del IES Santa Irene de Vigo y así cumplir con la ley de Memoria Histórica.

La modificación de Educación para cubrir la simbología franquista con metacrilato ha logrado el visto bueno de Patrimonio, que se había negado a cubrirlo con una chapa metálica. La Dirección Xeral asegura ahora que “se trata de una solución más blanda y respetuosa con el conjunto del inmueble” proyectado por el arquitecto vigués Antonio Cominges Tapias y construido entre 1941 y 1946.

Másnoticias

El espectacular cierre cultural del congreso que reunirá en Vigo a líderes del mundo durante dos días

05/11/2025

Vigo y las Rías Baixas exhiben su potencial como gran atractivo turístico de España y Portugal

05/11/2025

La Xunta destaca que el escudo franquista se cubrirá con una solución “más blanda que la anteriormente presentada”, que consistía en una chapa metálica de acero inoxidable, anclada a la fachada y de dimensiones similares al escudo. Ahora, el material empleado será el metacrilato y el diseño de la solución afectará al conjunto de la superficie del petril que enmarca el propio escudo”. Patrimonio entiende que la propuesta “es más idónea y respetuosa con la imagen general de la fachada −realizada con perpiaños de granito de Ulló−, y con los valores culturales que acredita el inmueble.

Sin embargo, en el anterior dictamen de Patrimonio, la Dirección Xeral consideraba que ocultar el escudo “no es compatible con la conservación de los valores culturales del edificio” ya que -para Patrimonio- esta simbología franquista del edificio del Santa Irene contaba "con un valor artístico y significado valor histórico”. Una decisión que se encontró con el rechazo del Concello de Vigo, que entendía que retirar este tipo de elementos “no es una mera recomendación cuya efectividad pueda quedar al albur de la discrecionalidad de las Administraciones, sino que es una obligación”.