Pensionistas gallegos celebran que no se incrementen los años para calcular la base reguladora

El Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen) ha celebrado que la propuesta de aumentar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la base reguladora de las nuevas pensiones haya sido rechazada y no se produzca, de este modo, el “endurecimiento” que, según la organización, pretendía el ministro Escrivá, con el incremento del número de años para calcular esta base. La asociación de pensionistas ha emitido este domingo un comunicado en el que muestra así su satisfacción con las medidas tomadas por el Gobierno en la segunda parte de la reforma de las pensiones.

Modepen ha realizado una valoración “de urgencia” en la que destaca principalmente el rechazo a la propuesta de aumentar el periodo del cálculo de la base reguladora de 25 a 30 años. Esto, señala, deja la posibilidad a los pensionistas de elegir la opción que más les convenga entre realizar el cálculo entre los últimos 25 años o hacerlo entre los últimos 29, pero suprimiendo los dos cursos menos favorables.

La organización subraya que la Comunidad Europea “ha cambiado su discurso” y ha pasado del “no hay recursos” a buscar ingresos para pagar las futuras pensiones. Asimismo, considera que este “cambio de mentalidad” es producto de la movilización social en Galicia, España y Francia, sociedad que, según el movimiento, “concienció a Bruselas” de la importancia que tiene el colectivo pensionista.

Para Modepen, el hecho de que la Unión Europea “se rinda a la evidencia” de que avanzar en la privatización de los sistemas públicos de pensiones y en el recorte de las pensiones “va tener un gran coste”, confirma la necesidad de continuar con la labor de información, organización y movilización del movimiento.

También fija como objetivos para los próximos meses y la próxima legislatura tanto recuperar los 65 años como edad legal de jubilación, como derogar la ‘ley Escrivá’ de los fondos de pensiones de empresa.

Además, Modepen felicita al colectivo pensionista por haber logrado la actualización de las pensiones al 8,5%, una subida de las pensiones mínimas y no contributivas de un 15% y la paralización del incremento del número de años para calcular la base reguladora que pretendía el Gobierno.

“Oposición frontal” de CEOE, Cepyme y ATA

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes, a las 16:30 horas, para tratar los temas pendientes de la segunda fase de la reforma de pensiones tras la propuesta que les presentó el pasado viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el aval de la Comisión Europea y de Unidas Podemos.

Los sindicatos ya avanzaron, tras la reunión del viernes, que su valoración general de la propuesta del Gobierno era positiva, aunque esperaban más ambición en otros aspectos. Por contra, CEOE, Cepyme y ATA expresaron su oposición “frontal” a la reforma planteada por el Ejecutivo, lo que aleja la posibilidad de que la reforma salga adelante con el beneplácito empresarial y sólo cuente con el de CCOO y UGT.

La Seguridad Social se comprometió a “enviar números” a los agentes sociales para que pudieran analizar las fórmulas de sostenibilidad del sistema durante este fin de semana.

En todo caso, los secretarios generales de ambos sindicatos dejaron entrever la posibilidad de un acuerdo inminente. Así, el líder de UGT, Pepe Álvarez, aseguró que la propuesta del Ejecutivo era “extraordinariamente positiva”, aunque mostró cautela a la espera de leer “la letra pequeña”.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, también consideró “posible” un acuerdo con el Gobierno sobre la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones tras conocerse la última propuesta de la cartera que dirige José Luis Escrivá. Sin embargo, Sordo admitió que el acuerdo tripartito con los empresarios era “difícil”.

De hecho, tras la mesa de negociación del viernes, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) emitió un comunicado, junto con la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que expresaba su “frontal oposición a la reforma de pensiones planteada por el Gobierno”. Para los empresarios, la reforma tiene “voracidad recaudatoria” y un carácter “populista”, que “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales” con los sindicatos.