El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha cargado contra el nuevo impuesto a la banca anunciado por el Gobierno porque "es profundamente dañino para toda la economía", al tiempo que censura que "se está aplicando con retroactividad, lo cual es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional".
"Honradamente, confiamos es que esto no resulte aprobado en el trámite parlamentario por diversas razones", ha explicado Escotet a preguntas de la prensa en la presentación de resultados del primer semestre de Abanca --en los que gana 104,3 millones, un 14,3% más--.
"Lo vemos con mucha preocupación, confiamos en que no resulte aprobado", ha apuntado. Considera que "es difícil de entender que a algunos sectores se les apliquen y a otros no", al igual que a "algunos bancos sí y otros no". Resume en que "son demasiados los efectos en contra", "no tienen nada positivo", además de que "no cumplen con los criterios para los cuales fue teóricamente diseñado".
De tal forma, avisa de que este gravamen "tendría unas consecuencias en el crédito", por lo que "es profundamente dañino para toda la economía, para todos los sectores de la economía, para la sociedad y, naturalmente, para los bancos".
Aquí, se refiere a las primeras estimaciones de que este impuesto puede acarrear un impacto en torno a 50.000 millones en el crédito. Al respecto, señala que la principal diferencia entre la crisis anterior y la de la covid, es que en la primera "hubo literalmente un 'credit crunch', lo que provocó una "elevadísima mortalidad" del sector privado, con desaparición de empresas y destrucción de empleo. Sin embargo, ahora "ha habido abundancia de crédito", que fluyó "dinámicamente", de manera que se ha "salvado una recesión que podría haber sido muy seria". "Hemos salvado un enorme cantidad de empleo", razona, así como "enorme cantidad de tejido empresarial".
Así, el presidente de Abanca matiza que "no es un nuevo impuesto", sino que "el calificativo es prestación pública patrimonial no tributaria", de modo que "debería estar sujeta a una prestación de un servicio público por el cual, eventualmente, tienes una implicación remunerativa", pero "esa prestación de servicio público no ocurre". Por todo ello, sostiene que "no hay claridad sobre cómo se ha construido el criterio" y "hay mucha dificultad" en su aplicación.
Cree que este impuesto incluye "consideraciones francamente difíciles de entender". Opina que, si se pretende combatir los efectos inflacionarios por las "teóricas ganancias extraordinarias" de los bancos, se están "anticipando mucho" a esas ganancias, dado que los tipos de interés "no han subido lo suficiente", pues "no ha habido una subida radical de los tipos" y se produce una "razonable progresividad".
Juan Carlos Escotet considera que ese gravamen "tendría que ser sobre los (beneficios) incrementales", por lo que "es muy difícil de entender que sea sobre el margen financiero neto". "Se está aplicando con retroactividad, lo cual es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional", asevera. Y es que sostiene que en algunas entidades que apliquen un impuesto de este tenor igual "no hay resultados positivos", "pueden llegar incluso a perder dinero".
Cuestionado sobre si prevé medidas legales contra ese impuesto al dudar de que sea constitucional, Escotet ha afirmado que "es muy prematuro hablar de una posible judicialización", que "sería sectorial" y para "eso están patronales cuando consideren que hay fundamentos para hacerlo", pero "hay algunas sobre dudas sobre si se pueden aplicar o no ciertos criterios".
El presidente de Abanca avisa del "efecto que esto puede tener a nivel macroeconómico en el conjunto de todos los sectores en España", al igual que la "pérdida de competitividad para los bancos en la UE", pues "este tipo de medidas no se están aplicando en otros países".
Avanza que "el sector bancario español va a verse claramente afectado en sus rentabilidades", con un "agravio comparativo" respecto a sus competidores, y "eso los mercados lo toman en cuenta".
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