"Si ella sentencia yo también puedo" o "contratar un sicario", amenazas en los juzgados de Vigo

La Ciudad de la Justicia de Vigo acogerá este jueves sendos juicios contra dos acusados de proferir amenazas contra agentes de la Policía Local y contra una magistrada, respectivamente, y se enfrentan a la pena de un año y medio de prisión.

El primero de los juicios se celebrará en la sala de lo Penal 2, contra un acusado que, según la Fiscalía, había sido condenado por la jueza del Penal 3 por delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y daños. Tras celebrarse ese juicio, el mismo día, el acusado llamó por teléfono a la oficina del juzgado para proferir amenazas contra la magistrada.

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Según recoge el escrito de acusación pública, el procesado utilizó expresiones como "me quieren meter preso sin una puta prueba", "me va a buscar la ruina, díselo, pero va a ser para los dos", "si ella sentencia yo también puedo sentenciar y mis sentencias son peores", o "quiero hablar con el marido personalmente, no sabe donde se está metiendo esa perra".

La Fiscalía lo considera autor de un delito de amenazas que subsume un delito de injurias a la autoridad, y pide que sea condenado a un año y medio de cárcel.

Amenaza a la Policía

Por otra parte, este jueves la sala de lo Penal 1 acogerá una vista contra un hombre acusado de un delito continuado de amenazas graves proferidas entre 2020 y 2022 contra tres agentes de la Policía Local de Vigo, dos de ellos, padre e hijo.

El ministerio público expone en su escrito de acusación que el procesado realizó numerosas llamadas tanto a la sede de la Policía Local como al teléfono móvil de uno de los agentes, lanzando amenazas de muerte, identificando a familiares de los funcionarios y advirtiendo de que tenía "artefactos explosivos".

Igualmente, insultaba a los policías y a sus familiares, y avisaba de que estaba dispuesto a "levantarse en armas" y que tenía "una 9 mm", o que iba a "contratar un sicario" para matar a uno de los agentes.

La Fiscalía pide que se le imponga un año y medio de prisión, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas (ya que la tramitación del procedimiento estuvo suspendida entre diciembre de 2022 y mayo de 2024), y que se le prohíba acercarse o comunicarse con los policías perjudicados durante dos años. También reclama que indemnice a cada una de las víctimas en 1.000 euros por los daños morales.