Una madre se pone en huelga de hambre para exigir a la Xunta de Galicia educación especial para su hijo

La gallega Carmen Villar se pondrá en huelga de hambre desde este lunes frente a un edificio administrativo de la Xunta en la capital provincial de A Coruña para que la Administración autonómica actúe sobre la situación de su hijo de acogida, de 15 años y con un 49% de discapacidad reconocida, que lleva 14 meses sin estar escolarizado.

B. (inicial del menor), que tiene un grado de dependencia severo, fue acogido de forma permanente por Villar y su pareja hace 12 años y está, además, bajo tutela de la Xunta. Estuvo en los cursos 2023-24 y 2024-25 en el centro Agarimo (Arteixo, A Coruña), donde, según relata Villar a Europa Press, "conviven niños con diferentes casuísticas".

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El propio equipo educativo admitió a la familia una "falta de medios", que derivó en múltiples incidentes, que se saldaron con su expulsión cautelar en febrero de 2025 por motivos de seguridad. "Pusieron unas medidas cautelares en las cuales se explica que no pueden garantizar la integridad del niño de sus compañeros ni del equipo educativo", critica.

Desde entonces, no ha regresado a un centro de estas características. Ante esta situación, su familia se siente en una situación de "desprotección institucional", que Carmen Villar denunciará públicamente con una huelga de hambre frente a la Delegación Provincial de la Consellería de Educación.

Acudirá a las 09:00 horas de este lunes al edificio de la ciudad herculina y esperará, con la documentación en mano, "hasta que alguien la atienda". "Estaré allí hasta que se solucione o me aguante el cuerpo. No me han dejado otra", ha advertido.

Más de un año sin escolarizar

En total, son 14 meses en los que B. haya acudido a un colegio: "Cuanto más tiempo pasa sin escolarizar, más se agrava la situación. Este año perdido ya no lo recupera". En este tiempo, hubo un periodo en el que fue trasladado a un centro de protección de adolescentes en Lugo, orientado a apoyar el control de alteraciones conductuales y del que también fue expulsado.

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En este caso, fue un auto judicial el que dictó, en diciembre de 2025, que el niño debía vivir con su familia y acudir a centro de educación especial. "Es una petición totalmente legítima. ¿Dónde va a estar?", reclama su madre.

Pese a ello, y a la documentación técnica aportada, en marzo de 2026 la Administración volvió a proponer la escolarización del menor en el mismo centro (Agarimo), que previamente había reconocido por escrito carecer de los recursos personales, terapéuticos y de seguridad imprescindibles para atenderlo.