Víctimas de Angrois impugnarán el último vídeo de Adif porque “no cumple” los requisitos para ser prueba

La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, accidentado en el barrio compostelano de Angrois el 24 de julio de 2013 con 80 víctimas mortales, impugnará el vídeo con el que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pretende atribuir errores al maquinista, Francisco José Garzón.

El abogado de las víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del arranque del juicio, este miércoles en la Cidade da Cultura, que el montaje que presentó Adif –según adelantó el diario ‘La Voz de Galicia’– “no cumple los requisitos exigidos por la ley”. “Es una barbaridad jurídica, lo vamos a impugnar como cuestión previa, porque entendemos que es un vídeo nuevo que se aporta ahora, no sabemos quién lo ha editado, no sabemos cómo ha salido”, ha explicado.

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Más de nueve años después del accidente que se cobró la vida de 80 personas y dejó 145 heridos, las víctimas confían en que “se haga por fin ya justicia” y que “se pueda acreditar” lo que su defensa ha mantenido al respecto de los presuntos responsables.

Tanto el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, como el que fuera director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, se enfrentan a 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave, por los que Fiscalía y las víctimas piden cuatro años de prisión.

Para el abogado de la plataforma, por parte de Garzón “hubo un error humano, un despiste”, pero considera “mucho más grave” que Cortabitarte supiese “que había un riesgo” en la curva de A Grandeira pero “no hizo nada para evitarlo”.

Así, sobre el periplo de nueve años hasta el arranque del juicio, Ferrezuelo ya sabía que “iba a ser largo”, si bien también lo ha atribuido a las “bastantes trabas” por parte del Estado “para que no se lleve a buen puerto” el caso.

Actitud “mafiosa” del Estado

Carlos Vázquez Padín, hijo de una de las fallecidas en el siniestro, ha constatado que la justicia en estas macrocausas demuestra ser “lenta” e “ineficiente”, aunque también “la actitud del Estado en este asunto ha sido totalmente mafiosa” al tratar de “ocultar las causas” de forma “proactiva”.

Como ejemplo de ello, ha mencionado la carta de la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor –ahora vicepresidenta del Congreso–, dirigida a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, para advertirle de la “gravedad” de publicar un informe crítico con la investigación oficial que hizo España del accidente.

En palabras de Vázquez Padín, Pastor buscaba que la Unión Europea “no interfiriese en la estrategia del Estado español de tapar las causas”. Preguntado sobre si tanto Pastor como José Blanco, ministro socialista de Fomento cuando se puso en funcionamiento la línea, deberían estar también imputados, ha reconocido que no es “penalista” y no sabe “hasta qué punto” se les podría atribuir responsabilidades penales.

“Pero las responsabilidades políticas son muy llamativas”, ha puntualizado, ya que tanto PP como PSOE lo que hicieron fue “ascender a los que, de una manera u otra, estaban tocados por el accidente”. “No puedo decir si debería estar imputada mucha más gente, aunque desde luego si Renfe y Adif fuesen empresas privadas, habría aquí 150 personas en vez de dos”, ha agregado.

Con todo, ha destacado la “gran actuación” de la Plataforma de Víctimas para conseguir que también Cortabitarte figure como acusado, además de la propia Agencia Ferroviaria de la Unión Europea por “poner entre la espada y la pared al sistema”.

También ha estado presente a las puertas del edificio judicial, entre otras víctimas, quien fuera diputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, quien recientemente ha enviado una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para exigir “dignidad”, también en lo relativo a la percepción de indemnizaciones tras el siniestro.

El abogado del maquinista

Por su parte, el abogado del maquinista, Manuel Prieto, ha visto “desesperación” en Adif por la presentación del montaje, con “señales y carteles” que no había en la vía. “Demuestra la desesperación de no tener nada”, ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, ha afirmado que estudiaría la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, si bien no lo ha visto “factible” dado el elevado número de partes que son acusación en la causa.

Así, ha hecho hincapié en que la clave de la tragedia, a su juicio, está en la “carencia de medidas de seguridad en la vía”, así como en decisiones adoptadas por los encargados de velar por la seguridad. Por todo ello, pide la libre absolución de su defendido.