El caso del exfuncionario de Hacienda acusado de cobrar por favorecer a empresas en inspecciones

El exfuncionario de Hacienda Asdrúbal C.G., que trabajaba en la delegación de la Agencia Tributaria en Vigo y que fue detenido en enero de 2019, se enfrenta a 6 años y 3 meses de cárcel como supuesto autor de los delitos de cohecho, revelación de informaciones, negociaciones prohibidas para funcionarios y blanqueo.

La Fiscalía ha formulado ya su escrito de acusación contra este exinspector de Hacienda, y también acusa a su exmujer y a dos empresarios de Vigo que presuntamente participaban en un entramado por el que cobraban a empresas que estaban siendo investigadas por la Agencia Tributaria a cambio de asesoramiento y de interceder para que los expedientes concluyeran de una forma más favorable.

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El juzgado de instrucción 3 de Santiago de Compostela ha coordinado esta larga investigación judicial y ahora el ministerio público ha formulado su acusación, aunque pide que se reconozca la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Según el escrito del Fiscal, el inspector de Hacienda facilitó a los dos empresarios, Francisco G.P. y Pablo G.T., información sobre una empresa ubicada en Santiago que estaba siendo investigada en 2016 por Hacienda, y contra la que él mismo, en atribución de sus funciones, presentó denuncia ante la Fiscalía.

Con esa información del expediente (una información reservada), ambos contactaron con el asesor fiscal de la empresa afectada, para advertirle las posibles consecuencias, incluso penales, de la inspección, y para ofrecerse a realizar gestiones por medio de una persona con "mucha influencia", de manera que la inspección se resolviese de una forma más favorable. En definitiva, se ofrecían a ayudarle en ese proceso a cambio de dinero, aunque no consta si el asesor o la empresa afectada llegaron a pagar.

En el marco de la instrucción, la Fiscalía comprobó que "otros obligados tributarios" habían denunciado que Asdrúbal había tenido "actuaciones indebidas" como inspector. Asimismo, le ministerio público sostiene que, ya desde antes de 2016, el funcionario de Hacienda, utilizando como mediadores a esos dos empresarios, e incluso a su mujer, había prestado asesoramiento fiscal a numerosas empresas que estaban siendo investigadas, a cambio de unos pagos que se vehículaban a través de la empresa de uno de sus cómplices o de la sociedad que tenía su esposa.

Según la Fiscalía, Asdrúbal C.G. no había solicitado nunca la declaración de compatibilidad para compaginar su actividad como funcionario con la de asesor fiscal, o con cualquier otra actividad pública o privada. Sin embargo, mantiene, las actuaciones que llevó a cabo durante años le sirvieron para conseguir ingresos adicionales que sumaba a su sueldo.

Además, también acusa al exinspector y a su mujer (de la que se separó en 2016) de tratar de "esconder" el dinero llevándolo a una cuenta de un banco de Suiza. Parte del dinero expatriado regresó después a sus cuentas mediante transferencias desde la entidad suiza.

Por todo esto, la Fiscalía atribuye al exfuncionario de Hacienda los delitos de cohecho, revelación de informaciones, actividades prohibidas para funcionarios y blanqueo, y pide para él penas que suman 6 años y 3 meses de cárcel, además de multas que suman más de 232.000 euros. Para el empresario Francisco G.P., como cooperador necesario en los delitos de cohecho y de actividades prohibidas para funcionarios, pide 2 años de prisión y multas que suman 21.000 euros; mientras que para Pablo G.T. reclama un año de cárcel y multa de 1.500 euros. Para Beatriz Z.M., exmujer del principal acusado, pide 3 años y tres meses de cárcel por el delito de blanqueo, y multa de 194.602 euros.